Una nueva medida implementada en el sistema de citas médicas de Turquía ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones médicas, expertos en salud y defensores de los derechos humanos, al restringir el acceso de mujeres solteras menores de 25 años a consultas ginecológicas, salvo en casos de embarazo.
Según reveló este sábado el diario Cumhuriyet, el Sistema Centralizado de Citas Médicas (MHRS) —plataforma oficial para acceder a servicios de salud pública— impide ahora que mujeres menores de 25 años no casadas agenden citas con especialistas en ginecología, generando preocupación por su impacto en la salud sexual y reproductiva de las jóvenes.
El mensaje que reciben las pacientes al intentar reservar cita es claro:
«Las citas (excluyendo embarazo) están disponibles para mujeres mayores de 25 años o menores de 25 si están casadas.»
Médicos y asociaciones médicas condenan la medida
La Asociación Médica de Turquía (TTB) denunció la nueva política como una violación directa al derecho a la salud y anunció que exigirá su inmediata retirada.
“El acceso a la atención médica debe ser gratuito, igualitario y sin discriminación. Seguiremos luchando hasta que se elimine esta distinción del sistema”, declaró la organización en un comunicado.
Profesionales del ámbito sanitario alertan que esta restricción puede llevar a que jóvenes oculten síntomas o enfermedades, temiendo el estigma o la imposibilidad de recibir atención, lo que pone en riesgo no solo su bienestar individual, sino también la salud pública.
Levent Doğancı, especialista en enfermedades infecciosas, calificó la medida de “peligrosa e inaceptable”:
“Negar atención médica basándose en el estado civil no solo viola la ética médica, sino que podría constituir un delito según el Código Penal turco. Toda persona mayor de 18 años es legalmente adulta y su vida sexual no debe estar sujeta a vigilancia estatal.”
Críticas al Gobierno por “moralismo institucional”
Este cambio ha reavivado críticas contra el partido gobernante, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), acusado desde hace años de impulsar políticas que promueven una visión conservadora del rol de la mujer y la familia en la sociedad turca.
Diversos sectores sociales consideran esta medida un nuevo intento de moralización institucional que vulnera derechos adquiridos en un país constitucionalmente laico.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido una respuesta oficial sobre los motivos de la modificación ni ha confirmado si se trata de una directiva nacional o una falla en el sistema digital.
Organizaciones feministas y colectivos por los derechos de la mujer han anunciado movilizaciones y acciones legales en los próximos días para exigir la restitución plena del acceso a servicios ginecológicos sin discriminación de edad ni estado civil.
