Las detenciones arbitrarias, desapariciones y reclusión durante procesos judiciales fuera del marco de la ley se convierten en síntomas de una enfermedad grave que se extiende por el territorio nacional, pero que no silencia a personas, organizaciones, activistas y a la ciudadanía que exige el cumplimiento de la Constitución Nacional.
Así lo expone, con toda la crudeza y realidad la Organización Espacio Público en su último informe, donde advierte y presenta los ejemplos correspondientes, que en Venezuela continua el clima de intimidación y represión, pero que esto no silencia a las organizaciones que formulan las denuncias y visibilizan los delitos, abusos de poder y violaciones de derechos humanos.
Recuerdan que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció en mayo de este año sobre la detención y desaparición forzada de personas que contrarían el discurso del Gobierno venezolano. En la cotidianidad de personas defensoras de DDHH en el país, se cuelan reclamos por casos que afectan a colegas, el más reciente contra Martha Lía Grajales.
El Alto Comisionado, Volker Türk, instó a las autoridades a liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente y a garantizar que se cumplan los estándares de debido proceso y juicio justo. Sin embargo, la política de criminalización, represión y control está activa en contra de quienes realizan acciones de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos en el país.
El viernes 8 de agosto, la activista Martha Lía Grajales participó en un acto a las afueras de las oficinas de la Organización de Naciones Unidas en Caracas (norte), y tras hacer un pronunciamiento público, la detuvieron arbitrariamente y la mantuvieron en desaparición forzada.
En esa manifestación pacífica rechazó las agresiones que sufrió un grupo de madres y familiares de presos políticos, durante una vigilia, realizada el 5 de agosto en los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que pedían la liberación de los presos políticos postelectorales del 28 de julio de 2024.
Grajales fue imputada el 11 de agosto por los delitos de conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir e incitación al odio, y le dictaron privativa de libertad, según denunció el colectivo SurGentes en una comunicación pública. 1. Fue excarcelada un día después de su presentación en tribunales.
Desaparecen personas, permanece el mensaje
Este caso se enmarca en el patrón de persecución en contra de personas que defienden los derechos humanos en Venezuela, y que son perseguidas por sus pronunciamientos públicos o por su trabajo de exigencia de respeto a la Constitución Nacional y a los pactos internacionales de Derechos Humanos.
En efecto, la Oficina del Alto Comisionado señaló que, desde las elecciones del año 2024, se ha limitado el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Este pronunciamiento surgió a pocos días de conocerse la detención arbitraria de Eduardo Torres, abogado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), quien fue arrestado el 8 de mayo, cuando se dirigía a su casa. Además, el Alto Comisionado ha verificado la muerte de, al menos, tres críticos del Gobierno detenidos desde julio de 2024. 2.
El Centro para los Defensores y la Justicia informó que durante el primer trimestre de 2025 fue constante el uso por parte de diversos sectores estatales de un discurso violento y acusatorio en contra del movimiento de derechos humanos independiente.
Este tipo de lenguaje y denuncias se traduce en un hostigamiento verbal, que pretende justificar la persecución en contra de personas que hacen denuncias legítimas y exigen el cumplimiento de derechos.
El Centro también registró 979 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2024, lo que representa un aumento de 87% en relación al mismo período en 2023, cuando se documentaron 524 agresiones.
La violencia física se intuye como una consecuencia de este discurso, pero también forma parte de un patrón de agresiones contra personas con un discurso que contraría el oficial, como lo ha reseñado la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas.
Aumento de las restricciones al espacio cívico
Diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil han denunciado las restricciones posteriores a las elecciones de 2024: detenciones arbitrarias, violaciones del derecho al debido proceso, desapariciones forzadas y procesos judiciales abiertos por expresiones relacionadas con el rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, o incluso por circular cerca de espacios de manifestaciones pacíficas.
En el mismo informe trimestral, el Centro de Defensores insiste en este aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático posteriores al período electoral, así como el incremento de “la criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil, incluidas las personas y organizaciones que defienden, exigen y promueven derechos humanos”3.
En febrero de 2025 entró en vigencia la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Recordamos que esta normativa, recrudece la persecución y criminalización de las organizaciones de la sociedad civil, a través de prácticas regulatorias que violan el principio de autonomía e independencia del derecho a la asociación, bajo la argumentación de querer prevenir, fiscalizar y controlar la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Intimidación, restricción y control
El caso de Martha Lía Grajales se suma a las detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos como Eduardo Torres (Provea), Javier Tarazona (Fundaredes), Rocío San Miguel (Control Ciudadano), Carlos Julio Rojas (periodista e integrante de la Asociación de vecinos Frente Norte de Caracas) Kennedy Tejeda (Foro Penal) 4, Yendri Velásquez (coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+) e, incluso, a la del director de Espacio Público, Carlos Correa.
Son hechos documentados y reseñados por organismos internacionales de defensa de derechos humanos que no deben normalizarse y no están alineados con la Democracia y el Estado de Derecho.
Asimismo, se generaron nuevos avances normativos tendientes a la restricción y control de las libertades cívicas en el país, con la publicación de la Resolución No 01025 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que establece Normas relativas a la administración y supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), aplicables al sector bancario, representando nuevas amenazas al trabajo de la sociedad civil y aumentando el nivel de riego para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
Patrones sistemáticos
Estas detenciones configuran violaciones al derecho a defender y promover garantías reconocidas en la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Las personas defensoras y quienes disienten o critican la gestión oficial, son víctimas de patrones sistemáticos de amenazas, campañas de descrédito y estigmatización, ataques y allanamientos, de detenciones arbitrarias y desaparición forzada.
Se les ha intimidado y esto ha hecho mella en la confianza de la ciudadanía. En consecuencia, se ha quebrado el tejido social, pues se ha infundido el miedo desde las instancias del gobierno nacional, con el agravante, ya documentado, del socavamiento de la libertad de expresión y asociación.
Más allá de la persecución, la voz de la defensa por los derechos humanos de los y las venezolanas se mantiene vigente y utilizando los altavoces seguros. Las detenciones arbitrarias, desapariciones y reclusión durante procesos judiciales fuera del marco de la ley se convierten en síntomas de una enfermedad grave que se extiende por el territorio nacional, pero que no silencia a personas, organizaciones, activistas y a la ciudadanía que exige el cumplimiento de la Constitución Nacional.
