La lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado, no efectuarse en forma circunstancial como ha ocurrido hasta el momento porque no ha habido voluntad cierta para cumplir este propósito, plantea el doctor Guillermo Palacios, quien durante su vida como parlamentario ha venido insistiendo en forma permanente en que sean castigados los corruptos en la administración pública y se puedan recuperar los dineros mal habidos en la ejecución y no culminación de obras públicas.
Al respecto dice que las acciones emprendidas por el gobierno contra la denominada «mafia de la salud» es importante que no se enfoque en un solo ciclo gubernamental, porque la crisis de la salud proviene de anteriores administraciones donde ha habido claros indicios de hechos irregulares que han producido muertes como el caso de las parturientas, de los niños y enfermos con diversas patologías por falta de insumos médicos y medicinas en los centros hospitalarios y por evidentes actos de corrupción.
La detención de exfuncionarios, en estos momentos, por la presunta desviación de medicamentos y equipos médicos, donde pueden estar pagando justos por pecadores, es un acto de estricta justicia y un mensaje claro de que la corrupción, en cualquiera de sus formas, debe ser combatida. La exigencia de aplicar la ley contra estos actos criminales que vulneran la vida y la salud de los larenses es no solo oportuna sino necesaria, como es fundamental investigar las gestiones anteriores en las cuales el funcionario Luis Reyes Reyes fue igualmente gobernador, ya que la salud pública es un pilar fundamental del bienestar social, y atentar contra ella es un crimen abominable que merece el máximo rigor.
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Sin embargo, es precisamente este firme posicionamiento contra la corrupción lo que nos obliga, como ciudadanos, a señalar una herida abierta e infinitamente más grande que afecta de manera dramática los Derechos Humanos en nuestra entidad: el caso de la Represa Yacambú-Quibor.
El gobernador Luis Reyes Reyes conoce esta obra como pocos, expuso el doctor Palacios. Formó parte de su Junta Directiva y estuvo muy cerca de su culminación durante anteriores periodos al frente del estado. Es de público conocimiento que esta obra vital, destinada a resolver la crisis de agua para aproximadamente el 70% de la población larense y el riego del valle de Quibor, fue paralizada, saqueada y desmantelada no por falta de recursos, sino «por efectos de la corrupción», según lo han señalado múltiples informes.
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La desviación de los recursos de la empresa Yacambú -Quibor no fue el robo de medicinas o equipos; fue el robo del agua, el robo del futuro y la condena a décadas de sed para una población entera. Si la desviación de medicamentos es un crimen, la desviación sistemática s fondos para culminar la represa que garantiza un derecho humano fundamental como es el acceso al agua, es un crimen de lesa humanidad.
Por lo tanto, apelando a la misma firmeza e integridad que hoy se pretende demostrar frente a la «mafia de la salud», el doctor Palacios pregunta respetuosa y públicamente: ¿No es hora de aplicar «todo el peso de la ley» también sobre los responsables del saqueo, la paralización y desmantelamiento de la Represa Yacambú-Quibor?
Los larenses necesitamos hechos congruentes, dice el doctor Palacios y concluye celebrando que se actúe contra la corrupción en salud, pero exigimos que esa misma vara de justicia se aplique a lo que, sin duda, es el mayor caso de corrupción y violación de derechos humanos en la historia reciente de Lara y se lleve ante la justicia a los autores intelectuales y materiales del saqueo de Yacambú y de otras obras importantes. Es la única manera de demostrar que la lucha contra la corrupción es genuina, integral y no tiene doble moral.
