El racionamiento eléctrico se ha convertido en una nueva barrera para la educación, pues en varias oportunidades, se le ha ordenando a colegios, escuelas y liceos del país suspender sus actividades, lo que genera la pérdida de importantes días de clases a miles de niños y jóvenes.
Ante este escenario y con el fin de velar por la debida educación de sus hijos, madres, padres y representantes larenses, organizados en el movimiento Padres de Lara, introducirán un documento ante el Consejo Estadal de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Cedna) para exigirle a este organismo que interceda y abogue para impedir la interrupción del lapso escolar en los institutos de la región.
En compañía de Andrés Colmenárez (Funpaz) y representantes del movimiento estudiantil, la vocera de la organización que agrupa a padres de 55 instituciones públicas y privadas en Lara, Natalia Reverón, aseguró que ante las constantes y autoritarias violaciones a la educación por parte del Gobierno nacional, se mantendrán activos en pro del cumplimiento de los derechos de sus representados.
“En la educación cada día cuenta. El Estado tiene el deber de proteger, promover y velar por las condiciones para que se cumpla la educación de nuestros hijos, mientras que con esta decisión la regula, limita y la coarta”, aseveró.
Denunció que, además de los viernes, otros días de la semana distintas unidades educativas también quedan sin luz eléctrica.
“Con la suspensión de actividades académicas no se ahorra energía.
En las aulas, si hay 30 y 35 niños se encienden dos bombillos máximo; mientras que en sus casas, esos niños van a utilizar 35 como mínimo, sin contar los aparatos electrónicos que pudieran emplear. El ahorro eléctrico no puede ser excusa para suspender clases”, dijo.
Medida viola la Constitución
El manuscrito que presentarán reivindica la educación como un derecho humano fundamental, establecido incluso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Además de ir en contra de la Constitución, el Gobierno está quebrantando los pactos internacionales, pues el racionamiento a los planteles educativos viola el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, suscrito por Venezuela ante la ONU (Organización de Naciones Unidas)”, señaló Colmenárez.
