En Lara no sólo el sol recalienta la cada vez más creciente zona del semiárido, que incluye su capital, cada vez más castigada por temperaturas aumentadas por la falta de agua, inmensas colas para adquirir alimentos y los casi inexistentes insumos médicos, para nombrar algunas de las razones que acentúan la temperatura política y anímica, de quienes participan en las protestas de variada índole, bien como protestantes o bien como represores, convertidos en victimarios de quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta y que vistos los resultados en cuanto a muertes, heridos y detenciones, al parecer han terminado por ser jueces y verdugos, pudiéndoseles llamar desalmados, porque parecieran haber dejado los jirones del alma en el camino. Jirones que no parecieran estar dispuestos a restaurar, dados los datos ofrecidos en el Informe que intento resumir, ofrecido a los medios de comunicación, por parte de las diversas organizaciones de Derechos Humanos que hacen vida en la región:
Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA, Movimiento de Víctimas contra la violencia e impunidad (Mocicoim), Foro Penal Capítulo Lara, Movimiento Vinotinto; Fundación Fuerza, Unión, Solidaridad, Justicia y Paz (Funpaz); Comité de Familiares de Víctimas de Uribana (Cofauri); Comisión de DDHH del Colegio de Abogados del estado Lara y la Red de Apoyo Psicológico. En este año se activaron Universitas Fundación; Comité de DDHH de Pensionados y Jubilados; Fraternidad Dominica; Vicaría de DDHH de la Diócesis de Barquisimeto, y el Consejo de Estado por la Paz (Cepaz), iniciativa de la Gobernación del Estado Lara que realiza labores de asistencia jurídica, apoyo logístico y mediación, en situaciones de conflicto.
Habría que añadir, que siguiendo la tradición de saber organizarse en diferentes áreas y niveles comunitarios, en los últimos 3 años surgieron Asociaciones de Pacientes Crónicos de Diabetes, Hipertensión, Renales, Cáncer, Niñ@s sin fórmulas lácteas, carentes de medicamentos y la organización de Médicos Unidos, agrupación de galenos muy activa en acciones públicas en defensa del derecho a la salud. Ello avala en mayor grado el informe que señala que desde abril “…han sido detenidas más de 168 personas, observándose como patrón sistemático de los órganos militares y policiales en la sustanciación de los expedientes, la explanación casi idéntica de hechos que se imputan a las personas detenidas, lo cual hace presumir el uso de “falsos positivos” o “falsos supuestos”, para criminalizar la protesta pacífica y remitir los casos a la jurisdicción militar”.
Cuatro meses duros. Durísimos: El diez de abril, fue abaleado el joven Yoinier Peña y el 7 de agosto, fue asesinado Eduardo Orozco. Hasta ese día fueron muertas con armas de fuego, 22 personas en las manifestaciones públicas en Lara y el 62% ocurrieron por disparos en el tórax, cuello y cabeza, lo cual hace dudar de que la intención fuera controlar, como indican nuestras leyes, las manifestaciones y preservar el orden público y la paz. Las subsiguientes denuncias de familiares sobre tratos crueles, aislamiento y negativa a ser asistidos legalmente, hacen amargos estos meses, hasta los tuétanos.
El informe contempla que los DDHH incluyen el respeto a la propiedad privada y la protegen de su destrucción: viviendas, vehículos, portones de estacionamientos y rejas de protección. El derecho a la vida se viola al lanzar bombas lacrimógenas al interior de los apartamentos o casas y los DDHH de cientos de familias, incluyendo niños, ancianos y discapacitados, sin ninguna vinculación con las protestas. No se respetan protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales y nuestra legislación, aplicable a las FANB en funciones de control del orden público, obviando la obligación del personal militar, de contar siempre con mediadores durante las manifestaciones y utilizar los medios alternativos de resolución de conflictos. Y sólo cuando estos medios resulten insuficientes, podrán hacer uso progresivo, diferenciado y proporcional de la fuerza, previa advertencia a los manifestantes.
Quien esto escribe, sigue creyendo en la Paz, en la verdadera; en las leyes, la justicia y en las formas civilizadas de evitar la guerra que los violentos aúpan. Desea equivocarse al creer que la violencia continuará, pues las negociaciones secretas del Arco Minero, impiden salidas democráticas que salven nuestro patrimonio natural y a la vez, auspician intervenciones extranjeras, dados los intereses de los sectores corruptos nacionales con representantes de otros gobiernos y multinacionales.
