Sin control alguno continúa el grave impacto ambiental y los destrozos al pulmón vegetal en el estado Bolívar, por parte de las empresas trasnacionales autorizadas por las autoridades nacionales para la explotación del oro, aunado a las acciones de los grupos criminales que hacen vida en la región, así lo denunció Darío Graffe, activista de FundaRedes en esa entidad.
De igual forma denunció la alarmante situación que mantiene en constante amenaza la riqueza natural y mineral de la zona.
“Estas acciones de saqueo y destrucción vienen dadas por la disminución del producto interno bruto (PIB) y la complacencia del ejecutivo nacional ante el aprovechamiento de las reservas auríferas”, afirmó.
El impacto ambiental y el destrozo al pulmón vegetal en Guayana – aseguró Graffe- es alarmante, “el daño al ambiente es masivo y el Estado continúa indolente ante las graves consecuencia que ha traído la explotación indiscriminada de oro”.
“Esta es una de las tantas vulneraciones a los derechos ambientales que se observan contantemente en el Arco Minero del Orinoco y que hemos denunciado de manera persistente desde nuestra organización”, recalcó.
El activista enfatizó en los daños que esta práctica ilegal causa a la biodiversidad, principalmente al este del estado Bolívar, “la minería irracional e ilegal devasta nos solo nuestros bosques, sino que afecta terriblemente las reservas hídricas y por consiguiente a la población, menoscabando el derecho a la vida, a la salud y a contar con un ambiente sano”.
En peligro habitantes del municipio Sucre
Con la instalación de distintas dragas para la extracción del oro, aseveró Graffe, los habitantes del municipio Sucre están siendo expuestos a graves peligros.
“La ambición de estas empresas transnacionales y de concesiones mineras en el estado Bolívar han deteriorado nuestro pulmón natural”, reiteró.
“Esta situación está llevando a esta población directo a una hecatombe ambiental, el gobierno no pone freno al destrozo, solo busca enriquecerse, y son los pueblos del sur, los que pagan las consecuencias: sin agua, sin energía eléctrica, sin hospitales y sin atención social ni beneficios de ningún tipo”, destacó el activista de FundaRedes.
