El malestar de los comerciantes informales ubicados en el centro de la ciudad crece con el paso de los días, luego de que la alcaldesa Amalia Sáez ordenara el cumplimiento irrestricto de la ordenanza municipal que exige el despeje del área metropolitana de la ciudad.
Luis Castillo, representante del Movimiento Ché Guevara, organización social que agrupa a más de 300 buhoneros de la entidad, denunció que mientras a ellos les quitan su mercancía y les impiden trabajar, 32 tarantines son intocables en el centro por pertenecer a policías municipales.
En detalle, Castillo destacó que los comerciantes informales sufren los embates climáticos y el maltrato de los efectivos municipales, quienes también tienen su propio negocio en la 20. “Le quitan la calle al pueblo pero siguen manteniendo sus 32 puestos en el centro. ¿Qué justicia es esa?”, preguntó.
La tensión se hizo más fuerte en las adyacencias del Barrio Chino y las carreras 25 y 26, a causa de la acción de despeje de los policías. “Para reclamar esta situación y la falta de soluciones para nuestro caso, vamos a pedir un derecho de palabra en el Concejo Municipal, al tiempo que introduciremos un documento en la alcaldía de Iribarren para que la alcaldesa se digne a atendernos”.
Tras reuniones realizadas entre los miembros del Movimiento Ché Guevara, se llegó a la conclusión de que romperán definitivamente relaciones con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “Nos declaramos independientes en materia política. En el seno del PSUV vivimos en discordias y peleas. En Barquisimeto el partido ha fracasado en seguridad al igual que en la Misión Vivienda”.
Castillo repudió el rechazo con el cual han sido tratados los buhoneros, quienes en su mayoría son madres y padres de familia que sólo quieren ganarse el pan de forma honrada. “Nos llevamos una decepción muy grande del Gobierno municipal. Aquí el PSUV da lástima, dicen que son socialistas pero agreden al pueblo”.
Ante la posibilidad de reunirse con la alcaldesa Amalia Sáez, Castillo exigió que los encuentros sean públicos y con testigos. “La última vez que nos reunimos nos prometieron miles de cosas y ninguna las cumplieron. Queremos que esta vez haya testigos”.
De no ser escuchados por las autoridades, una comisión viajará a la ciudad de Caracas para solicitar apoyo de la Asamblea Nacional e introducirán un documento ante el despacho de la Presidencia, para dar a conocer los atropellos que han sido cometidos.
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