LA IMPUNIDAD DE ELADIO APONTE APONTE

Ante propios y extraños se reveló un suceso tan ruin e inicuo, que ha puesto toda nuestra judicatura en territorio de indignidad permanente y que el gravamen irreparable inferido a la Administración de Justicia, es de tal dimensión, que siempre se tendrá como el infame ultraje realizado al Poder Judicial, por tantos títulos acreedor a respecto y total reconocimiento, de rama muy distinguida del Poder Público, que coadyuva a realizar los fines del Estado libre y soberano.
En primer término, lo declarado a la prensa por el expresidente de la Sala Penal, revela en su más hondo significado, que es todo el Poder Judicial de Venezuela, el ente que se encuentra sometido a la más pavorosa crisis moral, o crisis colectiva, en la que se debate todo el país. Si tomamos en cuenta, como ya reflexionó con elevado criterio el Libertador, expresó, previendo males de esa magnitud: “La destrucción de la moral pública causa bien pronto la disolución del Estado” (Bolívar, carta de José María Castillo, Neiva, 6 de enero de 1.829)
Una de las formas como se puede llegar a la disolución del Estado, que por tantas razones llena de mortificación y de inquietud al padre Libertador, es el manguado proceder de Aponte Aponte y los menguados propósitos de usar la ley para criminalizar la disidencia. Por los medios de comunicación social, conocimos su propia confesión, sin equívocos, en el propio y fiel reflejo de su mente. De su dicho se desprende, que en todo momento se apartó de la soberana instancia del Juez.
En forma insólita llegó a conocimiento del pueblo venezolano la aplicación de la ley con fines políticos, desvirtuados del fundamento procesal y el fin constitucional y en forma aviesa, aplicar la retaliación y la venganza, en lugar de la impersonal y severa justicia. No era el lenguaje sosegado de la verdad, era recurrir a la bastarda mentira, para aplicar sanción al inocente, apoyando la intención de un Estado, cubano comunista, exasperado por una sola voluntad de poder.
Deseando con gran anhelo, que su padre retorne al hogar, porque vive como exiliado político del régimen, la joven Osmary Pérez, demanda del Presidente, en nombre de detenidos y exiliados, que dicte un decreto general de amnistía. Ante todo el daño ocasionado por Aponte Aponte y la irreparable injusticia cometida, el Presidente debe oír y ser receptivo a esta petición, que se inspira en una premiosa necesidad de reparar, sin demora el mal causado y restaurar la felicidad y la alegría de la familia venezolana. Bajo ninguna circunstancia ni excusa debe quedar sin satisfacer, esta petición que hace llegar a manos del Primer Magistrado el sentimiento colectivo de la familia venezolana.
Es notorio y significativo, que la hija del exiliado político Omar Pérez, se dirigió al Señor Presidente, animada por las palabras expresadas por el ex presidente de la Sala Penal doctor Aponte Aponte y, por esa singular circunstancia, juzga conveniente, hacerle de su conocimiento: “El ex magistrado admitió de forma contundente que cometió una serie de delitos de manera continuada en contra de un grupo determinado de ciudadanos inocentes, hoy prisioneros o exiliados políticos y que se manipuló la justicia arrebatándoles todo tipo de derechos para finalmente negarles el debido proceso y el derecho a la defensa en medio de constantes atropellos”.
Esta soterrada confesión de un magistrado venal y pervertido, tiene que dejar inexpugnable repulsa en el sentimiento puro de una joven, que no sabe de tratos infames, y en quien dominan ideas nobles y afectuosas, por eso solicita por guía de la determinación individual, buscando trocar retaliación y venganza, por reconocimiento y reparación y que se devuelva así la justicia del Estado, como el atributo de un Decreto, que reconozca al marginado de la justicia, su derecho sacro santo a la libertad y al libre goce del privilegio de los derechos humanos, sin exclusiones de ninguna índole.
El gremio de Abogado de la Republica, muy sensible a estos relevantes casos del debido proceso y la absoluta necesidad de respecto y aplicación de este precepto constitucional del debido proceso, en relación a las declaraciones y actuaciones del Presidente de la Sala Penal, del Tribunal Supremo de Justicia, lo muy grave y censurable de esta situación y la repercusión que tienen dentro del Poder Judicial y la Administración de Justicia, lo hacen fijar posición de responsabilidad y compromiso.
Su posición gremial la emitió el colegio en un comunicado público. La organización acordó solicitar a la Fiscal General, que se revise el fallo contra los Comisarios Simonovis, Vivas y Forero, cinco funcionarios policiales y la sentencia que condenó a Juan y Otoniel Guevara, por el asesinato de Danilo Anderson. Que declare la nulidad de actuaciones en los casos de la doctora Afiuni, Biagio Pilieri, Peña Esclusa y Leocenis Garcia. Finalmente fija: “Esforzarnos en recuperar la dignidad del Poder Judicial”. Tan solo el derecho nos salvará del oleaje de las humanas pasiones.