Para decir «no queremos más abogados esposados» y ejercer una protesta contra la obstaculización del libre ejercicio del Derecho que se vive en Venezuela, una representación del Colegio de Abogados de Caracas acudió este lunes a la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Como hecho emblemático, repudiaron el caso del abogado de la jueza Afiuni, José Amalio Graterol, aprehendido hace más de ocho días durante un acto judicial cuando invocaba el derecho de su defendido a no someterse a un juicio presuntamente irregular.
«Acudimos al TSJ para decir que no queremos más abogados esposados, no aceptamos la criminalización del ejercicio del derecho porque va en detrimento de la Constitución y los derechos huimanos», explicó la presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, Ivette Lugo.
Con el fin de llevar el mensaje de la forma más clara posible, los profesionales del Derecho acudieron vestidos con sus togas y con las manos atadas, de la misma forma que funcionarios de la Guardia Nacional, por orden de una jueza, condujeron a Graterol fuera de una sala de audiciencias del circuito penal del estado Vargas.
Desde el 4 de junio hasta la fecha el jurista permanece detenido en el centro de reclusión de Macuto, y así seguirá hasta que el Tribunal 2° de Control tenga a bien aceptar la fianza de dos personas con ingreso mínimo (cada uno) de alrededor de 32.000 bolívares.
Graterol, conocido públicamente por defender a la «presa política» María Lourdes Afiuni, pasará a juicio tras ser acusado del delito de obstrucción a la justicia que, con una pena máxima de tres años, no establece la privación preventiva de libertad, según lo establece el COPP.
Para Lugo, la imposición de una fianza difícil de cumplir resulta en una estrategia subrepticia que convierte a Graterol en la víctima de una detención arbitraria, sin precedentes en el país.
«Nunca había visto que le hicieran esto a un abogado. Se le esta imputando el delito de obstruccion a la justicia y precisamento eso es lo que le estan haciendo a él», manifestó.
Trasfondo e implicaciones
Para Lugo, el trasfondo de este proceso penal es mucho más profundo que una mera sanción. Evidencia -advirtió- el intento del Poder Ejecutivo por controlar todos los niveles del sistema de admistración de justicia, lo cual representa una alarmante amenaza para los derechos de todos los ciudadanos.
«Esta criminalización sistemática configura una política de terrorismo de Estado, que pretende acabar con el único pilar independiente que queda del sistema de justicia: los abogados. Esta situación dejaría a la gente en total estado de indefensión, sujeta a lo que el régimen quiera hacer con ella, dejada al olvido por carecer de una voz conocedora de las leyes que nacional e internacionalmente denuncie la prevaricación de jueces y fiscales», alertó la representante local del gremio de abogados.
Finalmente, la presidenta del Colegio de Abogados afirmó que el gremio se mantendrá firme.
«Estamos obligados a defender los derechos y es nuestro deber indeclinable hacer respetar la independencia y autonomía del libre ejercicio de la abogacía frente a los poderes del Estado», manifestó.
Foto: Cortesía/Colegio de Abogados
1106abo02 Los abogados acudieron esposados para protestar contra los ataques al libre ejercicio de la defensa
