La Organización HumanWatch Rigth solicitó ala Relatoriade Derecho dela Organizaciónde Naciones Unidas se abra una investigación sobre las declaraciones hechas por el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, sobre irregularidades y corrupción en el sistema judicial venezolano, entre otras cosas.
La solicitud de HRF está acompañada de un informe jurídico que analiza los sucesos más relevantes y más recientes en relación al “grave estado de sumisión del poder judicial al poder ejecutivo de ese país”.
“La credibilidad y probidad profesional del exmagistrado Aponte son prácticamente nulas debido a sus propias confesiones sobre su desempeño en la judicatura. Es obvio que se trata de una persona capaz de todo, de un oportunista, de un sinvergüenza”, dijo Thor Halvorssen, presidente de HRF.
“Sin embargo, dado que Aponte es un militar retirado que fue puesto en el 2004 en el máximo tribunal a pedido del propio presidente Hugo Chávez, y dado el carácter puntual y detallado con el que ha confesado e involucrado a varios miembros del gobierno, la fiscalía y el poder judicial, sus declaraciones deben ser investigadas y tomadas con mucha seriedad por organizaciones internacionales que velan por la democracia”, prosiguió Halvorssen. “Este individuo ha redactado las sentencias del máximo tribunal de Venezuela por casi una década, y ha jugado un rol importantísimo en la consolidación del autoritarismo del presidente Chávez.”
El informe jurídico de HRF documenta el proceso de cooptación que sufrió el Poder Judicial en Venezuela, que consistió en (1) la implementación desde 1999 de un mecanismo de designación y destitución arbitraria de jueces, que violaba las garantías de estabilidad e inamovilidad de los jueces, y (2)la Ley Orgánicadel Tribunal Supremo de Justicia de 2004 y el subsiguiente copamiento del Tribunal Supremo de Justicia con magistrados afines al partido oficialista.
El 25 de marzo de 2007, el presidente Chávez afirmó en un acto público que “ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni ningún juez puede estar y actuar a espaldas de la revolución y del líder de la misma”. En el año 2009, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Luisa Estella Morales, expresó: “no podemos seguir pensando en una división de poderes, porque eso es un principio que debilita al Estado.”
En el 2011, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Fernando Ramón Vegas Torrealba, afirmó que el poder judicial venezolano estaba en el deber de “dar su aporte para la eficaz ejecución […] de la política de Estado” consistente en desarrollar “una acción deliberada y planificada para conducir un socialismo bolivariano y democrático”. En el mismo acto, el magistrado afirmó que “este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales dela República, deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano”.
“Para coronar estas declaraciones de sumisión a un poder ejecutivo omnipotente, este funesto Tribunal Supremo ha llegado a ‘solicitar’ al poder ejecutivo que denunciela Convención Americanasobre Derechos Humanos y se retire del sistema interamericano de protección de los derechos humanos; algo que el gobierno finalmente ‘obedeció’ el mes pasado”, dijo Halvorssen. “Es en este contexto de clara indefensión en el que se encuentran los ciudadanos venezolanos, que las declaraciones del exmagistrado Aponte deben ser tomadas con mucha seriedad. Confiamos en quela Relatora Especialdela ONUtomará cartas en el asunto”, concluyó Halvorssen.
La solicitud de carta de denuncia de HRF ala Relatora Especialdela ONUle solicita específicamente que: (1) investigue las gravísimas confesiones y acusaciones realizadas por el exmagistrado venezolano Eladio Aponte; (2) remita una carta de denuncia al Estado de Venezuela, para que este dé una respuesta oficial y exhaustiva a cada una de estas sindicaciones; (3) formule recomendaciones sobre las medidas que el Estado venezolano debe tomar para remediar el estado de sumisión del poder judicial al poder ejecutivo que existe en ese país.
El informe jurídico de HRF documenta algunas de las confesiones y acusaciones más graves realizadas por el exmagistrado Aponte, vinculadas a la pérdida de la independencia del poder judicial en Venezuela y al grave estado de sumisión de éste al poder ejecutivo.
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