El abogado constitucionalista, Joel Rodríguez Ramos, opina que cualquiera de los funcionarios del Gobierno nacional que se han pronunciado sobre las recientes protestas para exigir el reconteo manual de votos de los comicios presidenciales del pasado 14 de abril, puede, en efecto, solicitar que se abra una investigación en contra del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski y otros representantes de la oposición.
Sin embargo, acotó, que de llevarse a cabo, sólo arrojaría lo que ya se ha visto hasta el momento, es decir, que el llamado a la protesta se hizo de manera pacífica y dentro del marco constitucional, en el cual se contempla como un derecho manifestarse de manera pública.
«Desde el domingo pasado, Capriles ha hecho un llamado a la paz. Salir a la calle y protestar es un derecho constitucional. Lo único que debe hacerse, es notificar a las autoridades correspondientes sobre cuándo y dónde se efectuará la manifestación», indicó.
Acerca de la investigación que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que se iniciaría a Capriles, Ismael García, Leopoldo López y Carlos Ocariz, y sobre la cual también se ha pronunciado la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el abogado señaló que se trata de una clara evidencia de cómo los poderes legislativo y judicial están tomados por el Gobierno y sólo siguen las instrucciones que les dan desde el Ejecutivo nacional.
Destacó que en lugar de propiciar un acuerdo para dilucidar las dudas en torno al número de votos obtenidos por los dos principales candidatos de la contienda, lo único que se ha visto en los últimos tres días, a través de los medios de comunicación, es una serie de cadenas del Gobierno nacional, llenas de agresividad.
«Por su parte, Capriles ha anunciado que se quedará en casa, y ha instado a sus seguidores a hacer lo mismo, pues hay pruebas de infiltrados en las protestas opositoras», puntualizó Rodríguez.
Arbitrario presidente de AN
Sobre la posibilidad de que los diputados opositores que no reconozcan a Maduro, no tengan derecho de palabra en las sesiones de la AN, el experto en normativa constitucional indicó que como presidente de la AN, Cabello debe asegurarse de distribuir los recursos de acuerdo a lo que se discute en el hemiciclo.
«Sin embargo, se ha dado a la tarea de no permitirle participar a parlamentarios debido a su posición política. Esto es arbitrario y no tiene sentido en una verdadera democracia. La visión de Cabello es típica del militarismo”, enfatizó, recordando que el término parlamentario deriva de la palabra francesa parler, que significa hablar.
“¿Qué sentido tiene que asistan a la Asamblea, si no pueden discutir sus opiniones? Cabello piensa que los parlamentarios son sus súbditos”.
Manifestó su total rechazo contra las agresiones físicas que han sufrido varios diputados opositores.
