Hace poco más de una década el chavismo promovió un debate que por entonces captó el respaldo de más de un incauto o ingenuo. La caída abrupta de credibilidad de los medios de comunicación privados, tras su triste papel durante el golpe de Estado y la reinstauración de Hugo Chávez en el poder, fue aprovechada al máximo por el ejecutivo. El debate de entonces, hay que recordarlo, fue más o menos en estos términos: se necesita una Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para poder proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de la programación de la televisión; se trataba –según el discurso de entonces- de resguardarlos de contenidos de corte violento o explícitamente sexual que transmitían los medios radioeléctricos y en particular la televisión.
Esta ley se aprobó, y no pocos ciudadanos incluso críticos del chavismo, estuvieron de acuerdo con que debían de ponerse límites a los medios de comunicación para proteger a la infancia. En cualquier democracia del mundo esa habría sido una postura correcta. Nos opusimos entonces a la ley porque le daba un enorme poder a un órgano no independiente como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y si el interés era proteger la infancia, entonces el Estado tenía muchas deudas pendientes emanadas de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).
Un balance somero de los primeros diez años de aplicación de la llamada Ley Resorte, deja al descubierto que lo que menos se hizo con este instrumento legal fue promover una programación adecuada a la infancia venezolana. Al punto no se cumple esta ley que los propios medios del Estado son los primeros en irrespetar las franjas horarias y los contenidos aptos para un público infantil.
¿Qué se ha hecho con la Ley de Responsabilidad Social? En estos años lo que efectivamente ha ocurrido es que Conatel pasó a tener un rol de comisario político y la ley ha sido un excelente instrumento para ir sacando del aire emisoras críticas o programas con un mensaje incómodo para el régimen. No recuerdo ningún caso promovido por Conatel, en todos estos años, en los cuales la bandera haya sido defender a niños, niñas y adolescentes como se decía antes de aprobar la ley. La ley de responsabilidad social terminó siendo una enorme y efectiva coartada. La autoritaria Revolución Bolivariana ha contado con una tenaza de corte “legal” para la censura y para promover la autocensura en radio y televisión, a través del chantaje.
Todo esto cobra plena vigencia hoy, tras la decisión del 6 de mayo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le ordenó a Conatel que ahora pase a evaluar el contenido de las canciones. Sí, la letra de las canciones también serán censadas por el órgano oficial para determinar en qué horario deben transmitirse por las estaciones de radio y televisión. La justificación: proteger a la infancia de mensajes sexualmente inadecuados para su edad. ¿Quién podría estar en desacuerdo con una medida así?
El gran problema es que quienes ejercen el poder en Venezuela utilizan buenas causas, las convierten en coartadas y finalmente, en realidad, terminando aplicando medidas restrictivas fundamentalmente de naturaleza política. No debe extrañar, entonces, que este monitoreo de las canciones en verdad termine siendo otro mecanismo de censura para contenidos políticos críticos. La experiencia de la Ley Resorte y el esquema de censura que sacó los temas críticos de las gaitas zulianas son claros precedentes de cómo opera el chavismo con los medios. Se busca el control total.
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