El conjunto de políticas públicas que se aplica en Venezuela no permite que muchos trabajadores se inserten en el mercado formal para producir bienes y prestar servicios, y esto trae como consecuencia que para las familias sea más difícil sostener un ingreso, lo cual agrava el tema del trabajo infantil en nuestro país.
Dicho pronunciamiento fue emitido durante la mesa de análisis Trabajo infanto-adolescente y economía informal, organizada por el Observatorio Económico Legislativo de Cedice Libertad en conjunto con Fundación Santo Domingo.
Los expertos en el tema coincidieron en que los valores en la familia y una educación integradora, permitirán mantener a los hijos en el sistema educativo para que no deserten de las actividades escolares en la búsqueda de un empleo.
Lisbeth Cordero, coordinadora del Proyecto contra el trabajo infantil y el respeto de los derechos laborales de los adolescentes, afirmó que existe un vacío en la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) y en las acciones que se le atribuyen al sistema rector de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“No hay medidas de protección específicas establecidas para los menores que trabajan en la economía informal y que por lo tanto se somete a mayores riesgos. Además aunque se conoce la existencia de la Ley, se desconoce su contenido en materia de protección laboral tanto en la ciudad y mucho más en el campo”, dijo.
Expresó que es indispensable el compromiso nacional y de los gobiernos locales para la creación de espacios dignos donde los trabajadores de la economía informal puedan dejar a sus hijos para que jueguen y estudien.
“Mientras ellos se ganan el pan diario urge asumir acciones que busquen realmente resolver el problema de la pobreza, el cual obliga a muchos niños, niñas y adolescentes a trabajar para poder sobrevivir», explicó.
Fernando Blanco, representante del Centro de Investigación Social (Cisor), indicó que uno de los factores importantes para entender todo lo que rodea el trabajo del niño y el adolescente tiene que ver con la relación entre estudio y trabajo.
“En una investigación logramos identificar que los muchachos que peor salían en su escolaridad, los que más repetían eran los que salían de clases y en su tiempo extraescolar estaban en ocio absoluto y los que trabajaban horas en exceso. Quienes mejor salían eran los que realizaban actividades extraescolares como deporte, música y los que participaban en actividades productivas hasta 16 horas por semana”, puntualizó.
A su juicio, debería promoverse en la ley una reducción de las horas laborales para los jóvenes entre 14 y 15 años, “por lo menos ponerle un umbral de 20 y no 30 horas de trabajo para que puedan estudiar”.
El otro elemento, apuntó Blanco, es que las escuelas rurales y las situadas en sectores populares no brindan las mismas herramientas ni competencias que los sectores de mejores recursos.
“La escuela con capacidad, con recurso humano, que promueve la calidad educativa, es la que mejor contrarresta los problemas que están en el entorno comunitario como drogas, delincuencia, violencia… Es necesario promover reformas educativas en las escuelas que tiendan a mejorar la capacidad, la calidad educativa y desarrollar el recurso humano, de las escuelas rurales y de los sectores populares”, dijo.
Rubén Loaiza, defensor del Consejo de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes del municipio Chacao de Caracas, denunció que el sistema educativo venezolano está expulsando a los jóvenes de las instituciones escolares, por su bajo nivel, lo cual «afecta la formación del niño”.
En este sentido aseguró que es fundamental un sistema educativo de calidad, para garantizar la permanencia del joven en las escuelas como elemento protector contra los males de la sociedad.
Al mismo tiempo advirtió que el Gobierno nacional viene promoviendo una transferencia de obligaciones a los consejos comunales, sin embargo, señaló que los mismos no tienen la capacidad de atender todas las atribuciones que las leyes establecen en materia de seguridad, salud y educación, porque los están “saturando” en sus funciones.
«Los consejos comunales tienen competencia para el trabajo comunitario, para atender situaciones dentro de la comunidad (…) pero no va a tener la capacidad suficiente para atender al muchacho transgresor de la comunidad que requiere atención especializada porque es un muchacho con problemas severos de conducta y requiere atención especializada de trabajadores sociales, de psicólogos, de toda una estructura del área social y de la salud”.
Autorización para trabajar
«Todo niño mayor de 12 años o adolescente que quiera trabajar debe solicitar un permiso a las autoridades correspondientes», aseguró la consejera de Protección de Niños y Adolescentes del municipio Sucre del estado Miranda, Margioli Rodríguez.
«Si bien es cierto que el ideal es que los niños y adolescentes no trabajen, estén en sus casas, dedicados al estudio y los padres a cargo de su manutención, la realidad nos indica que muchos adolescentes deben salir a trabajar por un interés económico. Desde el Consejo de Protección sólo se autoriza al niño a trabajar si se trata de trabajos artísticos o culturales, “y se hace bajo una medida de protección porque se le hace un expediente donde queda registrado que ese niño va a hacer ese tipo de trabajo. No se justifica los casos de niños que son explotados desde muy temprano para pedir dinero, vender flores… ya que se les está quitando una etapa de su vida de esparcimiento y descanso”, detalló.
Destacó además que en lo que va de año el Consejo de Protección de Niños y Adolescentes del municipio Sucre, ha contabilizado un total de 500 autorizaciones para trabajar en lo que va de año entre 14 y 17 años.
«Al cierre de 2013 fueron 2.981. A través de la legislación los jóvenes pueden exigir sus derechos, ir al Ministerio de Trabajo y exigir la compañía y a la empresa cumplir con los compromisos laborales si están incumpliendo».
