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La solicitud de nulidad de la Ley de Costos y Precios Justos, que introdujeron los empresarios a comienzos de abril por ante el Tribunal Supremo de Justicia, ha sido ignorada durante ocho meses, sin que los solicitantes y los consumidores sepan a qué atenerse, señaló este lunes el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio)
En efecto, el organismo advierte que es “necesario que los ciudadanos que nos dedicamos a la promoción empresarial en Venezuela, le reclamemos al máximo Tribunal del país que emita alguna respuesta ante dicha petición que, por lo demás, ha sido formulada de acuerdo a los fundamentos que consagra la vigente Constitución”.
En tal sentido, la celebración del Día Nacional del Comercio y los Servicios el 27 de noviembre en Puerto 0rdaz, tiene que ser convertida en una “respetuosa, pero firme oportunidad” para reclamar atención y respuesta ante lo que demandó Fedecámaras con el apoyo unánime de su Directorio, que incluye, por supuesto, a Consecomercio como representante del sector terciario de la economía.
En la ocasión cuando se hizo dicha solicitud, los empresarios argumentaron que lo hacían ante el convencimiento de la inconstitucionalidad de la citada Ley, a partir de los análisis que realizaron los distintos equipos legales que asesoran a los diversos gremios empresariales, pero además que no iba a lograr el objetivo que le servía al Poder Ejecutivo como justificación para aprobarla: contener la inflación y proteger a los consumidores.
Los hechos, por supuesto, les han dado la razón a los hombres y mujeres de empresa en todo el país. Y en efecto, la inflación, sin que el Banco Central de Venezuela haya cumplido debidamente con la obligación legal de informarle a la ciudadanía sobre el caso, pudiera superar el 70% al finalizar el año, a la vez que los cálculos técnicos sobre el 2015 suponen que en esa ocasión el resultado porcentual sería superior. Mientras que los consumidores se han visto obligados a continuar haciendo “colas” a lo largo de los casi once meses transcurridos en el 2014, para poder hacer sus compras y satisfacer necesidades básicas individuales y familiares.
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