Dirigentes de Voluntad Popular se dirigieron este jueves a la Defensoría del Pueblo para denunciar ante esta institución la detención arbitraria del miembro de esa tolda, Gilberto Sojo.
Exigieron a la titular de esa institución, Gabriela Ramírez, que defienda los derechos humanos del dirigente social, quien fue detenido sin orden judicial el pasado 26 de noviembre por agentes del Sebin, y desde entonces permanece aislado en la sede de esa institución sin acceso a abogados ni a familiares.
“Venimos a ratificar esta denuncia que ya fue introducida ante el Ministerio Público desde el 1 de diciembre y haremos que la fiscal general y la defensora del pueblo se pronuncien sobre este hecho inconstitucional”, manifestó el abogado defensor y miembro de la Federación Interamericana de Abogados, Eleris Martínez.
Sojo fue secuestrado por efectivos del Sebin en una agencia autorizada de Movilnet, en La Candelaria, Caracas, de donde le llamaron previamente para que retirara un teléfono que supuestamente se había ganado en una rifa. Cuando acudió, le esperaban varios hombres vestidos de civil quienes lo obligaron a subir a una camioneta junto a su esposa e hija de tres años, y los llevaron a El Helicoide, sede principal de la policía política.
30 horas más tarde liberaron a madre e hija, pero sobre Sojo sus familiares no saben nada, pues ni en el Sebin ni el Ministerio Público han conseguido información. Vale destacar, la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal establecen garantías que no se cumplieron en este caso, como la aprehensión sólo con una orden judicial, y la presentación ante el tribunal que la emitió en un lapso máximo de 48 horas después de la detención.
Sojo era presidente del Club de Abuelos de la parroquia San Agustín, al oeste de Caracas.
