287 acciones que violaron la libertad de expresión durante los primeros siete meses de 2015, reportó la ONG Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
La organización advirtió que la situación se ha institucionalizado y obedece a un patrón que ya se ha configurado en el país en épocas de elecciones y conflictividad social.
«(las cifras) Se corresponden prácticamente con el número de casos ocurridos durante el primer semestre de 2012 y de 2014, período de elecciones presidenciales y manifestaciones civiles respectivamente. Este aspecto es fundamental para explicar que la excepción se está convirtiendo en una norma, con una tendencia distinta y más sofisticada, como el discurso que criminaliza, las acciones legales contra directivos medios de información y la censura», señaló IPYS.
De acuerdo con la investigación, cuyos resultados fueron revelados este martes, en Venezuela ocurre una violación del derecho fundamental al menos una vez al día.
«Cuando se promedian los casos, estamos hablando de 34 por mes. Paradójicamente, el período con mayores acciones contra la libertad de expresión fue junio (se celebra el Día del Periodista), cuando se generaron 46 casos.
Modalidades
Las modalidades van «desde agresiones físicas a trabajadores de la prensa, criminalización del trabajo periodístico (con apertura de procesos judiciales), limitaciones del acceso a la información, entre otras», indicó la organización.
Un caso emblemático de los estudiados por IPYS fue el de la periodista Elena Santini, «quien fue lanzada de un segundo piso durante la toma de la alcaldía opositora por grupos afectos al oficialismo, en el municipio Mario Briceño Iragorri, estado Aragua».
El agresor político
De acuerdo con IPYS, el discurso político fue un desencadenante de una buena parte de las agresiones y alertas contra libertad de expresión. Los actores oficiales actuaron avivados por la intención de «criminalizar» la divulgación de información relacionada con casos de corrupción gubernamental.
«A diferencia del año 2014, cuando durante febrero y marzo los conflictos sociopolíticos posicionaron las agresiones físicas, las amenazas de detención y los ataques contra las herramientas de trabajo, los primeros siete meses de 2015 se destacaron por la tendencia discursiva del sector oficial en criminalizar el ejercicio periodístico, luego de la publicación de trabajos de investigación que develaron posibles casos de corrupción o irregularidades empresariales, que son de interés público para los ciudadanos», advirtió la ONG.
En este sentido, IPYS contabiliza al menos 12 casos en los que «se vincula directamente el discurso presidencial en contra de medios de comunicación, nacionales e internacionales. Desde el sector oficial se han ejecutado 36 declaraciones agraviantes y 11 campañas de agravio en contra de periodistas y medios de comunicación, ejecutadas a través de medios estatales».
Entre estas campañas se debe mencionar el incremento de señalamientos (53) en contra de activistas de Derechos Humanos (DDHH), con el fin de desprestigiar la labor de las Organizaciones No Gubernamentales, acotó la organización.
Lara entra las ciudades difíciles para ejercer
En relación con la distribución geográfica, Caracas fue la ciudad sin duda más difícil para ejercer el periodismo en el último semestre, pues ahí se cometieron 115 de las violaciones contabilizadas, seguida por: Táchira (15); Aragua (15); Monagas (10); Carabobo (8); Zulia (7); Falcón (7); Barinas (6) y Lara (5).
Los medios privados fueron las víctimas habituales, acaparando 237 de las 287 agresiones estudiadas.
