A la espera de una solución a la crisis económica

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Luego del rechazo de la Asamblea Nacional (AN) al Decreto de Emergencia Económica, múltiples sectores del país se preguntan qué ocurrirá después de esto. En medio del enfrentamiento político y de poderes públicos, el único punto coincidente ha sido reconocer el deterioro de  la economía en el país.

Pero, independientemente de la negativa del parlamento, el Gobierno Nacional  debería tener un plan “B” para salir de la problemática. Sin embargo, lo realmente importante es conocer si esas políticas son las adecuadas,  como para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos.

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Sobre  este respecto fueron consultados los economistas Luis Oliveros y Aníbal Peña Javitt, además del abogado constitucionalista Joel Rodríguez Ramos, quienes sostienen que el peor error del gobierno sería seguir incurriendo en las mismas fallas, el mismo modelo.

Luis Oliveros, también docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), señaló que el gobierno sólo ha hecho referencia al Plan de la Patria como planteamiento político, económico y social, pero su efectividad y eficacia se desconocen. Dijo estar “convencido de que el gobierno no cuenta con una clara visión de la crisis económica, porque el diagnóstico que han hecho de ella es muy malo”. En tal sentido,  lamentó que el gobierno no cuente con una propuesta  distinta a la radicalización de los controles y el sostenimiento de sus errores.

-Pensando que sólo con un leve aumento de la gasolina, la devaluación de la moneda y sentándose con los empresarios para decir que algún día pagarán, no resolverán esta crisis.

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Se declaró pesimista con respecto a que el gobierno pueda o tenga la capacidad de sacar a Venezuela del “atolladero”.

Sostuvo por tanto que, posterior a la negativa al Decreto de Emergencia Económica,  es probable  que se  radicalicen aún más los controles y se apliquen algunas de las medidas que el gobierno quizo imponer con este.

Según Aníbal Peña Javitt, también docente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) al analizar  el instrumento se encuentran numerosas peticiones que pudieron aplicarse con la Ley Habilitante, con lo cual se denota que dicho decreto intenta profundizar el proyecto político y por tanto, el modelo económico: socialismo del siglo XXI.

“Pareciera que el gobierno sólo pretendía provocar el colapso definitivo de la economía, para crear un estado de conmoción social, que impida el cambio político… Querían destrozar el aparato productivo  y envolver a la asamblea en una trampa”,  con lo cual contravendría lo expresado en el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en el que se hace referencia a un régimen socioeconómico justo, social, democrático, eficaz y de libre competencia, productivo y solidario. También  se determina que el Estado trabajará de manera conjunta con la iniciativa privada.

Por tanto, las medidas que debe tomar el  gobierno serían contrarias a lo ya aplicado y al contenido del reciente decreto.

Los alcances de la AN

Sobre las expectativas puestas en la AN, para la resolución de los problemas del país, el economista Luis Oliveros recordó que cada poder tiene sus funciones asignadas y mientras el Ejecutivo ejecute y haga política económica, apegado a su ideología socialista, el sistema económico seguirá fracasando.

Sin embargo, consideró que es momento de que el parlamento diga al pueblo qué ocurre en materia económica y que en su seno se generen ideas con respecto a qué hacer  para  combatir la crisis económica.

Si bien el gobierno podría no considerar las medidas propuestas por la asamblea, así como ha mostrado su negativa de desmotar los controles, la AN no se puede limitar sólo a la negativa al Decreto de Emergencia Económica. “Debe dar un paso adelante y demostrarle al país que es una alternativa legal  al gobierno actual”.

Comentó que se deben pedir cifras  y seguir presionando al respecto.  Asimismo, sostuvo que  el parlamento y  el Ejecutivo nacional deben compartirle al país su visión de la economía.

“Ya pronto se acaba enero y el gobierno  aún no ha mostrado una medida eficiente y de calidad para salir de la crisis”, dijo.

Como si fuese el único poder

Por su parte, el abogado constitucionalista  Joel Rodríguez Ramos, apuntó que el gobierno por sí sólo no puede decretar una emergencia de este tipo, sólo lo podría hacer si anuncia un Estado de Excepción.

“Pretenden hacer las cosas, olvidando que uno de los poderes públicos, quizás el más importante de todos es el parlamento… Al no aprobar este el Decreto de Emergencia Económica, simplemente no puede entrar en vigencia. Ni este ni ningún otro con contenido similar, porque la responsabilidad de gobernar Venezuela es netamente compartida”, señaló.

Subrayó que debe haber un equilibrio de poderes y que desconocer a la AN es un desacato a un poder público.

Sin embargo, el docente de la UCV señaló que el contenido de este instrumento son medidas que el Gobierno Nacional  podría aplicar, de manera particularmente y sin apelar al apoyo de la Asamblea Nacional.

En este sentido, el constitucionalista también recordó que la misma fracción opositora de la AN le dijo al gobierno que no se requería de un instrumento de este tipo para aplicar los correctivos que se requieren, como  generar una situación de confianza en el sector privado para que así este invierta.

-Pero mientras haya amenazas, como la toma de los alimentos por parte del gobierno, como aparece reflejado en el decreto,  no habrá confianza y se desalienta cualquier inversión en el país.

Rodríguez Ramos no negó la posibilidad de que el Gobierno busque la manera de aplicar algunas de estas medidas. “Este gobierno es un gobierno muy arbitrario, que cuando se le negó en 2007 la reforma constitucional que dictó Chávez, comenzó a aplicar por cualquier medio las normas que le había negado la población”.

Señaló que allí radica el valor de las instituciones y la importancia de recuperarlas, para decirle al gobierno “no”, cuando así se requiera.

Otras vías

La intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la conformación de las Asambleas Comunales podría ser una traba en el proceso.

Sobre las declaraciones hechas en medios oficiales de abogados abiertamente declarados oficialistas, quienes han referido que el TSJ podría revisar la decisión de la AN sobre el decreto, Rodríguez Ramos  recordó que la instancia judicial sólo debía decir si el decreto era o no constitucional.

“Si su respuesta era negativa, tal y como lo fue, este no entra en vigencia, con lo cual  se cumplió uno de los requisitos establecidos por la Constitución…Ya no hay nada más que hacer”, comentó  el abogado, quien afirmó que cualquier declaración o anuncio al respecto, de revisar o revertir la negativa de la AN, formula “una mentira del tamaño de la catedral”.

-El Decreto de Emergencia Económica quedó derogado y perdió vigencia en el  momento en que la AN dijo que no lo aprobaría. Respecto a la posible aplicación del decreto tras el apoyo y aprobación de este vía asambleas populares, como lo ha querido hacer ver cierta parcialidad del país, explicó que un procedimiento de este tipo no se encuentra expresado en la Constitución Nacional, que no prevé ninguna  conformación parlamentaria del tipo popular, sumado a que la Asamblea en sí misma es una expresión de representación ciudadana.

Señaló que una maniobra de este tipo sería inconstitucional y no tendría fuerza jurídica.

Intenciones reales

En opinión de Oliveros, resulta complicado saber qué desea hacer el gobierno en materia económica.

Señaló que si realmente quisiera resolver la problemática hubiese elegido a otros ministros y  formulado un consejo productivo distinto.

Sobre la conformación del Consejo de Economía Productiva, recordó que no se trata de la primera vez que el gobierno se reúne con empresarios. Pero lo realmente  importante es que el gobierno tenga la voluntad política necesaria para afrontar las medidas que ellos le propongan.

Manifestó que quizás, la conformación de este consejo, tenga como única intención mostrar al país que el gobierno tiene la disposición de salir de la crisis, aunque el propósito sea otro. El economista considera que el  gobierno sigue jugando al caos y comprando tiempo  para alargar la crisis.

Testimonios

Carlos Navarro: Alianza Sindical Independiente

“El país está en una profunda y estructural crisis económica con inflación, por lo cual la convocatoria al diálogo, es el único camino para encontrar las respuestas que el país necesita, pero lamentablemente hasta este momento el diálogo no ha tenido resultados.

Desde el punto de vista de los trabajadores el problema principal es lograr sentarse a la mesa y solucionar los problemas económicos con las políticas que allí resulten. No hacerlo, impide analizar con objetividad las variables económicas y  encontrar los medios para atender las necesidades. Mientras se sienten a la mesa con chaquetas políticas, no habrá camino  para el consenso.

Que el proyecto de Ley de Emergencia Económica no se haya aprobado, no cambia nada en la práctica, porque la mesa sigue sin funcionar. No se necesita para atender el problema actual, que con o sin decreto debe ser atendido por el gobierno, hablamos de la profunda crisis económica que vive el país.

Desafortunadamente, a este momento, no existen resultados ni en la asamblea ni en la mesa de diálogo”.

Jesús Enrique López: Capmil-Lara

“Nosotros lo que pedimos a los actores políticos es entendimiento, diálogo y  concertación. Esa es la única manera de salir adelante. Nosotros  los empresarios tenemos un petitorio  de soluciones que pueden activar rápidamente el aparato  productivo nacional y creemos que si este se evalúa  y  aplica, podremos poner poco a poco a marchar la economía, que es lo que nos importa a todos.

En todo momento el Gobierno Nacional ha dicho que el tema divisas es delicado por la actual situación petrolera. Nosotros, aportamos como empresarios a la solución de esta problemática, con  nuestras exportaciones y logrando materializar algunas de las propuestas hechas al gobierno. En este momento obtenemos frutos, como la trasferencia de la base Sicad 2 a la tasa Simadi.

Creo que estamos  obteniendo algunas victorias tempranas, seguiremos dialogando y trabajando,  y eso es lo que nos ocupa en este momento. El sector productivo debe deslastrarse  del acontecer político para empezar a producir y presentar propuestas  que destraben la economía rápidamente para que nuestro país sea un gran país”.

Giorgio Reni Casas: Cámara de Industriales de Lara

“El gobierno tiene que sentarse con todo el mundo, con oposición, gremio  y diferentes entes para resolver el problema global, que es grave y se resuelve  trabajando juntos, pero también aceptando las responsabilidades.

Aún no han aceptado la culpa de las fallas que vivimos, mientras no lo acepten y busquen apoyo a través de asambleas  paralelas, no se logrará nada. Se debe trabajar y para empezar a trabajar se debe aceptar que lo que tenemos es errado.

Considero que desde el inicio, el decreto estaba errado, porque si buscas hacer algo con las mismas estrategias de hace 17 años, con las cuales se cayó en la crisis, profundizarás esa crisis, los resultados seguirán siendo malos.

En el artículo primero del Decreto de Emergencia, el gobierno señala que la inflación es inducida y culpa a los precios internacionales  del petróleo, pero esos argumentos son sólo ideología del gobierno, que no responden a la realidad, porque la realidad no es la que piensa una sola persona, sino la que resulta de un consenso transparente”.

Alberto Gámez: Fedecámaras-Lara

“El gobierno ya no puede aplicar las medidas del Decreto de Emergencia Económica. Por el contrario, tiene que rectificar, lo que pasa es que con toda esta problemática se le va la vida. Lo que no quieren es que se les destape la famosa olla, de corrupción y las empresas de maletín que tanto daño han hecho al país, aunque se empeñen en culpar a las empresas que estamos legalmente constituidas, con lo cual también se hace un grave daño a la población.

Los más golpeados son los ciudadanos, porque nosotros no tenemos qué venderles, pero ellos no tienen qué comer.

La negativa ya está, pero tenemos fe de que ellos nos llamarán, están obligados a llamarnos a un diálogo constructivo, eficaz y realista, para poner las cartas sobre la mesa y definir de qué manera puede ayudar cada sector para salir de esta situación.

Se debe dar un viraje de 180º al sector económico, porque hay una situación de emergencia en el país, ya el gobierno lo reconoció y ahora es momento de trabajar.

Peligrosas restricciones al ciudadano

Oliveros subrayó que el artículo 4 del decreto, referido a la restricción  del dinero efectivo y la vigilancia permanente sobre el acceso a este es una medida que el Ejecutivo puede aplicar sin la aprobación de la Asamblea, puesto que   lo plantean  como medio para disminuir la presión sobre el dólar paralelo, ya que han señalado que disminuyendo  el efectivo se logra que el dólar y los precios disminuyan, pensamiento que según el analista económico es errado.

“El gobierno tiene un manejo económico al estilo de la edad media y no entiende la raíz de los problemas”, comentó Oliveros, quien acotó que  el mismos Decreto de Emergencia Económica es muestra de que el gobierno no sabe cómo salir de la crisis. “No genera dólares, que es el verdadero problema de Venezuela”, manifestó.

Por su parte, Javitt señaló que  “ya van varios meses con restricciones a las cuentas y retiros desde  los telecajeros”, lo cual también podría reconocerse como una versión venezolana del Corralito argentino.

 

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