La situación relacionada con las condiciones laborales vigentes ha traído como consecuencia que los trabajadores disfruten de una serie de prerrogativas que de alguna manera privilegian a los flojos y reposeros, sin distingo de género.
Es así como en los últimos años el Gobierno nacional ha decretado, continuamente, la “inamovilidad” en el sector laboral, público y privado, permitiendo de esta manera que se entronicen viejas prácticas exclusivas del sector público, las cuales ahora son encubiertas por el velo de la impunidad.
Quienes tenemos muchos años trabajando hemos tenido la oportunidad de conocer cualquier cantidad de personas, sin distingo de género, las cuales mostraban una vocación por el trabajo a todo evento, y aunque existían sindicatos que los agremiaban se esforzaban en conseguir beneficios contractuales, pero jamás se prestaban para avalar conductas inadecuadas.
No obstante en estos tiempos de “revolución” esa perniciosa actitud de promover leyes y organismos que, bajo el pretexto de conceder beneficios sociales al trabajador sólo han contribuido a afianzar la holgazanería característica de algunos venezolanos, y a dejar de lado el espíritu de superación, la disposición a crecer y escalar posiciones en las empresas, termina en un conformismo, a la luz de una estabilidad condicionada.
De tal manera que ahora existen organismos de carácter laboral, otros de tipo social y unas autoridades del trabajo, dispuestas a complacer las exigencias de los “trabajadores” pero con las baterías cargadas contra los empresarios y patronos, respondiendo de esa manera los lineamientos establecidos en el utópico socialismo del Siglo XXI.
También esta situación ha incrementado el ausentismo laboral, ha disminuido la capacidad productiva de las empresas, se ha visto mermada la calidad de los servicios y pese a todas estas anomalías los patronos no pueden realizar la rutinaria rotación de personal.
Por otra parte esta problemática que afecta por igual al sector público y privado se hace más relevante en la administración pública, con la incorporación del componente político y proselitista, impidiendo a veces la discusión y posterior aprobación de las contrataciones colectivas, muchas de las cuales se encuentran hoy vencidas.
Finalmente aspiramos a que el alto gobierno ponga de lado el ingrediente “populista” y rescate a la vida activa la Comisión Tripartita (gobierno, trabajadores, empresarios) de tan relevante y objetiva participación en el pasado y pueda eliminarse el establecimiento de los beneficios laborales vía Decreto, para que sean bien concebidos los instrumentos que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y estos tengan como su norte la productividad y el rendimiento profesional, como única vía para poder alcanzar mejoras en sus condiciones laborales. Valor y pa´lante.
