Once personas detenidas existen en Lara por la incautación de un alijo de 359.62 kilos de cocaína pura incautado en el Aeropuerto Internacional de República Dominicana; encontrados en una aeronave Cessna 404 siglas YV2708 que habría despegado desde el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, el pasado jueves 24 de marzo.
Según información extra oficial son 16 ordenes de aprehensión las que existen, de las cuales once se han materializados, y dos no son físicas, según explica es contra personas que no están en el país y las cuales no figuran en el expediente.
Reclamaron por visita
Desde la detención de: Cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, han sido detenidos por el caso, sargento superior Franklin Pérez Peña (50), el sargento mayor Onésimo Romero Hernández (34) y el sargento primero Roberto Sivira Fernández (25), sargentos primero y segundo Darwin Sanoja Rodríguez (27) y Rolan Torrealba Silva (22). Eliecer García Torrealba (42), efectivo del Cicpc, destacado en la oficina de Interpol.
Los civiles José Hernández Rodríguez (62), quien es el vigilante del Aeroclub, Nelson Peraza Sira (32) y Eduard Lucena Rivero (30), adscritos al departamento de seguridad aeroportuaria, Juan Lanz Díaz (33), taxista y Pablo Gerardo Cárdenas Chacón (45), empresario. No se les había concedido visita alguna, por lo que sus familiares este domingo trancarían la calle como medida de protesta y por ello les fue otorgado el beneficio de ver a cada uno de sus seres queridos.
Fueron alrededor de media a una hora que estuvieron con los suyos, cada quien por su lado lloraba y los funcionarios detenidos expresaron a sus familiares que eran inocentes.
Existe presión de Caracas
Parientes de Pérez Peña, Romero Hernández y Sivira Hernández, en diversas entrevistas aseguraron que al hablar con los detenidos de forma separada relataron que en el momento de su detención fueron desnudados y golpeados.
Pérez Peña quedó inconsciente y a los sargentos también los golpearon, además los amedrentan para que hagan responsable a su superior. Según manifiestas las hijas, hermanos de estos detenidos algunos de esos maltratos y torturas psicológicas en donde los inducen a culparse del hecho que dicen ser inocentes, presuntamente han sido en presencia de la fiscal nacional que lleva el caso.
“Es la fiscal quien quiere hacer presión y desde Caracas los han mandado a pedir. Nos informaron que estarían solicitando una radicación del caso hacia la ciudad capital”, manifiesta Karla Pérez, hija de uno de los detenidos y Francisco Sivira, hermano de otros de los castrenses.
Trascendió que los abogados defensores el día de ayer, solicitaron un recurso de apelación porque no están de acuerdo con las privativas de libertad por la que no existen pruebas algunas. Así mimo denunciaron los abogados que algunos no les ha sido suministrado copia del expediente.
Empresa registra en Táchira
Asociación Cooperativa Pakasant, R.L, es la empresa donde Pablo Cárdenas figura como presidente, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), indica que fue creada para prestar servicios de elaboración, planificación, ejecución e inspección de todo tipo de proyectos y obras civiles; construcción e inspección de obras civiles tales como carreteras, autopistas, puentes, asfaltados, muros de contención, pantallas atirantadas, urbanismos, edificios, casas y todo lo relacionado al sistema de la vivienda.
El registró además indica que la empresa es de San Cristóbal, estado Táchira. Los contratos que aparecen van desde el año 2006 hasta el 2009. Los dos primeros fueron elaborados con empresas privadas, tres con la Alcadía Bolivariana del municipio Cárdenas estado Táchira y el último con el Instituto Autónomo de Vialidad del estado Táchira, figura que fueron terminados en su totalidad y en la actualidad estaba inhabilitada para hacer contrataciones con el Estado.
Del año 2013, según expedientes de la Sala Político Administrativa del TSJ, la Cooperativa tiene un proceso de embargo, por una demanda puesta por CVA Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas, S.A., mediante el cual se obligó a ejecutar la construcción de la infraestructura para la instalación de Agrotiendas Socialistas en algunos estados del país, para el plan de expansión del año 2009, específicamente la construcción de la Agrotienda Socialista del municipio Páez, estado Apure. Pero la contratista no ejecutó la obra.
El empresario que el Ministerio Público acusa como responsable de financiar el alijo de droga, aparece como votante en el estado Miranda.
