Las funciones de orden público le corresponden no a los civiles sino a los organismos policiales y a la Fuerza Armada cuando sea requerida, aunque ésta tiene la obligación del resguardo de la soberanía nacional.
La declaración fue hecha por el Dr. Joel Rodríguez Ramos, abogado constitucionalista, al referirse al decreto 2323 del Presidente Maduro que le confiere atribuciones de vigilancia y organización a los Consejos Locales de Abasteci-miento y Distribución (CLAP), consejos comunales y demás organizaciones del Poder Popular durante la emergencia económica y el Estado de Excepción.
Estos organismos a los cuales hace mención el decreto presidencial son parapoliciales, creados dentro del partido del gobierno y no tienen facultad para resguardar el orden público, aclaró. Además, es muy peligroso, ya que atenta contra la paz pública, porque es como enfrentar a una parte de la población con la otra parte de la misma. Los que estén de acuerdo con el Gobierno estarán en esas organizaciones y los que no estén, estarán al frente de ellas.
Y lo más grave es que el Presidente de la República incorpora a los CLAPS y otras agrupaciones en el momento en que hay una gran escasez de bienes y servicios, lo que ha motivado que gran parte del pueblo esté saliendo a la calle en protesta porque no consigue los bienes elementales para la sobrevivencia.
A estas agrupaciones se les dio también la atribución de repartir las bolsas de alimentos, lo que las hace parte de la administración pública porque los productos serán suministrados por el Ejecutivo Nacional.
Ya en el día de hoy hay quejas de mucha gente que se siente discriminada por estos CLAPs cuando éstos las identifican como no afectas al régimen. En estos momentos precisamente quienes adversan al Gobierno conforman la mayoría de la población por todas las dificultades que estamos viviendo.
La medida es absurda porque con estas calamidades que se están registrando es posible que haya enfrentamientos innecesarios por cuanto atentan contra la paz pública.
