El diputado William Dávila, solicitó al presidente de la Comisión de Cultos, Richard Blanco y a la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, abrir una investigación sobre las agresiones a cuatro seminaristas en el estado Mérida, el pasado 1 de julio.
Dávila explicó cómo ocurrieron los lamentables hechos. «Se trata de una agresión hacia cuatro jóvenes, que cuando salieron del seminario y se dirigían a la avenida Don Tulio Febres Cordero, a una clase de inglés, fueron abordados por grupos armados, violentos y aparentemente “amparados por el Gobierno, que los increparon y le preguntaron: ¿ustedes son chavistas o de la oposición?», indicó.
Agregó que los seminaristas respondieron a sus agresores que eran seminaristas, lo que generó de inmediato ira entre los atacantes, quienes procedieron a desnudarlos, quemaron sus ropas, quisieron quemarlos vivos y finalmente, los golpearon con un candado.
“En ese momento, ningún agente del orden público, ni la Guardia Nacional ni el gobernador del estado, se hicieron presentes en el sitio para evitar este tipo de delito», recalcó el parlamentario.
Destacó que el citado caso es un hecho de violación a la dignidad humana, pues se trata de seminaristas adolescentes, que tuvieron que correr desnudos por la avenida Don Tulio Febres Cordero, amenazados por esos grupos violentos. «Esto demuestra la degradación social que tenemos en nuestro país, donde operan libremente grupos armados protegidos por el Gobierno», acotó.
Además, señaló que el caso generó un repudio total de la colectividad, nacional, internacional y regional. Razón por la cual la Asamblea Nacional, a través de las citadas comisiones parlamentarias, abrirá una exhaustiva investigación.
Agregó Dávila que el caso también será denunciado ante a las instancias internacionales, embajadas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Estos hechos no pueden quedarse así, por ello, debe haber un pronunciamiento contundente, para evitar que hechos bochornosos como este sigan ocurriendo en Venezuela. Esto es una violación contra la libertad de culto, la libertad religiosa y la libertad de expresión», sentenció.
