Demandan al Concejo por incorporar como ejido el aeropuerto de Barquisimeto

Lorena Quintanilla Muñoz | Foto: Archivo |

Una demanda contra el Concejo Municipal de Iribarren por incorporar como ejido a todo el Aeropuerto de Barquisimeto fue introducida ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Este recurso de nulidad (parcial) por inconstitucionalidad y medida cautelar de suspensión del artículo 2, literal k de la Ordenanza de Ejidos y Terrenos de Propiedad Municipal del municipio Iribarren del estado Lara, introducida por el abogado Emilio José Urbina Mendoza, señala que desconociendo los supuestos del artículo 181 de la Constitución Bolivariana de 1999, el Concejo Municipal de Iribarren incorporó como ejido a todo el Aeropuerto de Barquisimeto, violentando el carácter de éste último como bien de la nación de dominio público y desconociendo el carácter demanial del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto.

La poligonal que se incorporó en el literal k del artículo 2 de la ordenanza hoy impugnada, sin ningún fundamento, procedió hasta declarar ejidos no sólo el área donde se encuentra el edificio aeroportuario (aduana aérea de barquisimeto), sino también la pista principal y la calle de rodaje de aviones.

Para llegar al cénit del paradoxismo, declaran ejidos parte de la Base Aérea Vicente Landaeta Gil, donde actualmente se encuentra parte de la Aviación Militar Bolivariana.

Declarar ejidos todos los lotes de terrenos que incluyen al aeropuerto internacional Jacinto Lara, la Base Aérea Vicente Landaeta Gil (incluye al aeropuerto mismo y todas sus instalaciones, las pistas y las áreas de seguridad) para posteriormente con el fin de regularizar a las familias asentadas en lo que se denomina el Cono de Seguridad del Aeropuerto.

La finalidad de declarar ejidos tales terrenos sería para otorgarles la propiedad de los terrenos de asentamientos urbanos no controlados en los espacios previstos como área de seguridad para las operaciones aeroportuarias.

El Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren empleó la declaratoria de ejidos para cumplir un fin evidentemente ilegal, como es no sólo apropiarse de inmuebles que le pertenecen a la República y que son de dominio público, sino también, para violentar todas las reglamentaciones nacionales e internacionales que prohíben los asentamientos urbanos en las áreas de seguridad adyacentes a los aeropuertos.

Ese espacio no puede convertirse en terrenos ejidos. Hacerlo es trasgredir el régimen jurídico-constitucional de los inmuebles propiedad del Estado y traerá de forma inevitable sanciones para los concejales y funcionarios que procedan sin fundamento alguno a realizar las declaratorias, como parece ser, en el caso del Cono de Seguridad y Aproximación del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de la ciudad de Barquisimeto.

Hay radiación

William Reina, directivo de Proinlara y especialista aeronáutico, comentó que se violan normas de seguridad aeronáuticas internacionales debido al asentamiento en el Cono de Seguridad.

Apuntó que puede desacelerarse el crecimiento de la ciudad; no puede hablarse de desarrollo sin la expansión de su aeropuerto.

Esto afecta a Lara y a entidades vecinas.

“La solución es retirar el área de invasión y posteriormente desarrollar el aeropuerto. El terminal aéreo tiene muchos años de vencimiento, está obsoleto”.
Indicó que los bordes, donde están los radares, también están siendo invadidos.

No se toma en cuenta la salud de los ocupantes ilegales por cuanto los niveles de radiación y magnetismo son altos, dijo.

“Ni los perros se acercan al radar. Donde se encuentra el Cono de Seguridad el estado venezolano conjuntamente con las autoridades de lara deben desarrollar la zona pero a favor del aeropuerto. En estos momentos puede haber un beneficio político temporal pero más adelante las consecuencias serán graves”.

El arquitecto Ángel García agregó que el Cono de Seguridad solo puede ser usado como un elemento de transición del área residencial urbana a un área institucional.

“Nadie puede pretender que haya un accidente aéreo sin consecuencias. Se tiene a esos invasores como carne de cañón. No se justifica que para resolver el problema de vivienda de 2.000 familias se necesiten 300 hectáreas; 36 son suficientes”.

 

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