El diputado ante la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, explicó este jueves que toda decisión sobre los contratos de interés público nacional tiene que pasar por la debida autorización del Parlamento porque de lo contrario será considerada como nula.
“Si el Gobierno pretende con esta decisión inconstitucional violentar el ordenamiento jurídico venezolano, nosotros estamos obligados, como lo estamos haciendo, de advertir a los inversionistas nacionales” dijo el parlamentario durante una rueda de prensa.
Añadió que con estas acciones de la Sala Constitucional, lo que pretenden es aumentar la deuda externa de Venezuela, al tiempo en que anunció a los inversionistas nacionales e internacionales que se abstengan de realizar negocios que no vayan aprobados por la AN, porque de otra forma serán desconocidos por el Parlamento en un futuro.
“Cualquier acto que viole la constitución es nulo, por lo tanto una política de endeudamiento en estas condiciones tendrá que ser desconocida por este parlamento, como por cualquier gobierno que a futuro tenga Venezuela”, dijo.
Marquina consideró que esta decisión del TSJ se trata de una autorización para delinquir que se le está dando al Gobierno nacional.
Lea más detalles en la versión impresa del Diario EL IMPULSO, con la periodista Sammy Martínez.
