Alarmada por el deterioro sostenido de la calidad de vida de los venezolanos, la Academia Nacional de Ciencias Económicas emitió este viernes un comunicado público, en el cual reitera preceptos básicos de la ciencia económica que ofrecen pautas para la superación de tan grave trance.
Reclaman un marco institucional adecuado que genere un ambiente de abierta competencia, libre movilidad de los recursos productivos, transparencia y bajos costos en las transacciones a efectuarse, garantías jurídicas y estabilidad macroeconómica, en el que los precios y las remuneraciones premian el esfuerzo y la capacidad de innovar. Debe velarse, igualmente, porque la actividad económica redunde en objetivos deseados de justicia social y de protección ambiental.
Estiman que asegurar un marco institucional idóneo para superar la grave crisis económica debería ser la principal responsabilidad del actual gobierno. Lamentablemente, ha preferido continuar con las políticas económicas de su predecesor, Hugo Chávez, quien desmanteló las instituciones favorables a la economía de mercado y a las libertades individuales, confiscó empresas e instrumentó mecanismos de control y regulación, generando un ambiente de gran incertidumbre y de acoso al sector privado, que desincentivó sus actividades. Bajo la creencia de que el ingreso petrolero bastaba para alcanzar los propósitos del gobierno, se intervino el sistema de precios, sometiéndolo a consideraciones políticas. El reparto de la renta y otros recursos centralizados en manos del Ejecutivo liquidó los estímulos para aumentar la productividad, para el uso racional de los recursos como sostén de mayores niveles de consumo en el tiempo y para la adecuada remuneración al esfuerzo productivo. Se exacerbó así el intervencionismo y el tutelaje estatal que habían minado la estrategia de “sembrar el petróleo” de gobiernos anteriores, señala el comunicado.
El reforzamiento de reglas de juego no mercantiles, en un ambiente opaco en el que no se rinden cuentas sobre la aplicación de los recursos públicos, premia la discrecionalidad en la toma de decisiones a favor de intereses partidarios. Los precios regulados, divorciados de sus costos de producción y comercialización –incluyendo el incentivo de una ganancia adecuada-, la obligatoriedad de sacar permisos de todo tipo para distribuir productos y la amenaza de sanciones severas para las empresas que no cumpliesen, incentivó la búsqueda del lucro fácil para todo aquél que tuviera cómo intervenir en la aplicación de tales medidas.
