Los integrantes del Poder Judicial deben ser electos por el pueblo, plantea el Dr. Pedro Troconis, representante del Foro Penal Venezolano en Lara.
Un alcalde electo por el pueblo no tiene por qué rendirle pleitesía al Presidente de la República, expone a manera de ejemplo. Él verá cómo puede obtener los recursos para su municipio.
Los jueces provisorios se mantienen como en una suplencia y pueden ser revocados en cualquier momento si el Poder Ejecutivo le da la orden a la Judicatura: No me gustan sus actuaciones, sácalo.
Esto no ocurriría, fuera de los concursos, porque el pueblo puede medir, mediante elecciones, la parte académica de la persona que aspira al cargo, así como sus condiciones morales y su desenvolvimiento en la comunidad donde aspira a ejercer la administración de justicia.
El juez electo popularmente no tendría que tenerle miedo a nada. De esa forma se acentuaría en los jueces los principios de autonomía e independencia que en los casos penales son fundamentales de todo juez.
Lamentablemente, cuando un juez es puesto a dedo por decisión del Ejecutivo a través del Poder Judicial, el cual dice estar desprendido de otro poder, que sabemos es una mentira, pasa lo que está ocurriendo en el país. El Ejecutivo incide sobre el Judicial y las decisiones se toman como lo determina el primero.
Un juez elegido nunca debería aceptar indicaciones de otro poder y más cuando esas indicaciones atenten contra lo que es el Derecho.
-¿Ese planteamiento requeriría la modificación de la Constitución?
-Claro que sí, porque como el Poder Judicial es designado por el Tribunal Supremo de Justicia. La autoridad máxima es el TSJ. Pero, ¿quién lo elige?: El Poder Legislativo. Hay que recordar esa designación de la mayoría de magistrados, que entre gallos y medianoche del 28 de diciembre de 2015 hizo la Asamblea Nacional. Desde entonces tenemos unas autoridades en las distintas salas del TSJ.
En aquella oportunidad el Ejecutivo giró una instrucción cuando, en aquel entonces, la bancada oficialista era la mayoría. Se escogieron a los que eran afines al régimen, aunque aparentemente fueron por ideología, que no es tal sino una ensalada de ideologías.
Esos magistrados le deben un favor al amigo que lo eligió y tienen que pagarlo cada vez que se lo pidan. Pero es que son favores eternos que nunca terminan de pagar. Ese pago es de agradecimiento, y eso sí es un grave error.
En cambio si hacemos la modificación, a nivel constitucional, no es que la Asamblea Nacional es la que tiene la potestad de la elección de los administradores de justicia.
Fíjate cómo opera este proceso: La Asamblea Nacional elige los magistrados. La directiva sale del seno del Tribunal Supremo de Justicia. De éste salen los magistrados que van a conformar la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Y ésta es la que elige a los jueces a nivel nacional. En cualquiera de sus instancias y en cualquiera de sus jurisdicciones. ¿Cómo vamos a tener jueces independientes y autónomos si le deben el favor al magistrado, éste a la bancada de diputados, la bancada al Presidente de la República. Y esto no va a suceder sólo en este momento. Eso tiene historia porque siempre ha sido así. Evidentemente, habrá resistencia a que los jueces y los fiscales porque a ningún gobierno le interesa correr el riesgo de que un juez o un fiscal no lo pueda controlar, no lo pueda manipular. Y en un momento que no se quiera controlar o dejar manipular, entonces, será destituido para colocar a otro que le deba el favor.
Eso sucede para los grandes casos; pero, para el hijo de Pedro Pérez, que pongamos de ejemplo es el común de los hablantes del barrio tal, eso no sucede. Ahí si no hay favores de ningún tipo.
-Definitivamente, ¿no hay carrera judicial en Venezuela?
-La Constitución obliga; pero, no hay ninguna carrera judicial en este momento. Claro que no la hay. En los tribunales enemos secretarios que se iniciaron en el campo penal con este Código Procesal Penal, y tienen muchísima más experiencia que muchos jueces paracaidistas que han llegado a los diferentes circuitos penales.
-¿Por qué no ha podido lograrse si se ha hablado tanto de su necesidad?
-No se logra porque creo que no interesa que se logre. A cualquier gobierno le interesa tener personas que en un momento dado han comulgado conmigo y como comulgan conmigo, los pongo allí para estar protegido. En un momento en que se dicte una decisión que me favorezca, si yo estoy metido en el problema, se abstendrá de perjudicarme. Eso es manejar el Poder Judicial. No quiero decir que eso exista ahorita. Eso ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora es descarado.
Manifestaciones pacíficas
Al ser consultado el Dr. Troconis sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica la resolución 8610, mediante la cual los efectivos militares pueden utilizar armas para reprimir manifestaciones, indicó: Como venezolanos podemos manifestar de manera pacífica. Las manifestaciones pacíficas, como dice la Constitución, no se pueden reprimir. Cuando se está organizando o convocando una manifestación hay que insistir en que se lleve una bandera o lo que sea, pero que no un arma.
No podemos hablar de derechos humanos cuando desde una manifestación se lanza una bomba molotov, un cohete.
Al hacer eso se le da pie a los órganos represores a actuar, pero éstos lo hacen de manera excesiva con sus lacrimógenas, escopetas.
Lamentándolo mucho, hay políticos que dicen: “Si no nos dejan pasar, nos llevamos a los guardias por el medio y tenemos que pasar porque la vía es pública”. Esa no es la salida. Hay que evitar la confrontación. Ser inteligentes. Porque los guardias van a decir que actuaron para salvaguardar sus vidas contra una turba de gente que quería atacarlos.
Doblegar la voluntad
El Foro Penal Venezolano denunció decenas de detenciones antes de la movilización del primero de septiembre. Los órganos represivos del Estado siguen directrices, explica el Dr. Troconis. Hay detenciones arbitrarias como para doblegar la voluntad o coaccionarlos, para que no se expresen. Pero, al ver lo que está sucediendo, dirán: Si a aquel se lo llevaron preso y lo acusaron de que tenía explosivos, etc., ¿qué me pasará a mi? Esa es una estrategia para infundir temor. Tampoco podemos ocultar con un dedo que el régimen actual ha tratado siempre de infundir temor al bando contrario. Tanto que no respeta decisiones del Poder Legislativo, que fue elegido por el pueblo y sus decisiones tienen que ser acatadas por el Ejecutivo y por cualquier otro poder. La Sala Constitucional ha objetado leyes como la de títulos de la propiedad de los inmuebles asignados por el Gobierno. ¿Quién no va a querer dueño de su vivienda?
