En comparación con 2015, el año recién concluido se redujeron en el estado Lara las cifras de homicidios. De esa manera lo muestran las estadísticas presentadas ante los medios de comunicación por el director de Seguridad y Orden Público, Edilberto León, acompañado por el director del Servicio de Emergencia, de Asuntos Civiles y del cuerpo de policía estadal.
Conforme al conteo de esta dependencia de la Gobernación, en 2016 ocurrieron 775 crímenes, 55 menos que el periodo pasado. Sin embargo, de acuerdo al trabajo anual elaborado en la fuente de sucesos de este rotativo se contabilizaron 841 homicidios, lo cual representa un descenso de 4,97 por ciento de este tipo de delito.
Si bien la cantidad de asesinatos cometidos entre ciudadanos redujo, aumentó la cantidad de muertes sucedidas durante enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del territorio larense. Los números mostrados por León reflejaron que en el transcurso del año hubo 179 fallecidos por encarar a los funcionarios de diferentes organismos; mientras que en 2015 se registraron 82 abatidos en las mismas circunstancias.
Entre los éxitos del periodo cerrado figuraron la desarticulación de 123 grupos de delictivos, incautación de 305 armas de fuego, 713 vehículos recuperados, aprehendidas 899 personas solicitadas, detención de 2.127 personas sorprendidas en flagrancia y la ejecución de 281 procedimientos por manejo de droga.
Se aplicaron rondas de patrullaje en las instituciones bancarias y se alargó a cuatro años el tiempo sin registros de robos en este tipo de establecimientos.
Entre las actuaciones oportunas de los uniformados de Polilara en estos espacios, se cuenta un atraco frustrado en la avenida Lara, al este, donde un adolescente intentó robar usando una máscara. No obstante, por cobertura periodística hubo novedades por hurtos menores como cuando se llevaron equipos de oficina del Banco Venezuela de la avenida Rómulo Gallegos.
El hecho de haber completado 18.254 actas por faltas es para el director de seguridad una tarea de importancia, pese a ser una sanción menor, porque hacerlo evita que después el señalado agrave la conducta cometiendo un delito.
León agradeció a la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Lara, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a la Policía Municipal, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo por el apoyo: “El trabajo fue armonioso porque tenemos entendido que la seguridad es de un color neutro, es un deber que tenemos nosotros como funcionarios públicos y es un derecho que tienen los ciudadanos de recibir este servicio”.
300% de sobrepoblación
En 2016, causó estupor en la colectividad los crímenes cometidos dentro de las comandancias de la policía regional por la forma de ejecución: decapitaciones, desmembramiento y heridas con exposición de vísceras.
Estos crímenes, en parte, atribuyó León, se debe a la imposibilidad de controlar de forma efectiva la población carcelaria cuando conviven en hacinamiento, en un espacio destinado para la detención preventiva y no para ocupar durante tiempo prolongado, como sucede en estos calabozos.
En algunos centros policiales los prisioneros deciden herirse para pedir celeridad con los traslados a las cárceles, donde, según explicó el director de Polilara, pueden obtener beneficios procesales como libertades condicionales o bajo presentación.
En Lara, especificó, hay capacidad para un máximo de 300 privados de libertad. En la actualidad, se cuentan más de 1.200. “Tenemos una sobrepoblación que excede el 300 por ciento. Hay una norma internacional que establece que cuando se llega al 30 por ciento ya la situación es crítica y nosotros estamos muy por encima de eso”, asumió León.
Adicionalmente, más de 1.200 oficiales de la policía están asignados a la custodia de los presos, cuando deberían ocuparse de labores de vigilancia en la calle, acotó la autoridad. Aparte del capital humano, se utilizan para los traslados a Tribunales o a centros de salud los vehículos, pocos por la falta de repuestos.
El primero en violar los derechos humanos de los reos, señaló León, es el Estado. Cambiar la situación depende de las medidas del Ministerio de Interior y Justicia: “Este es un problema que debe ser asumido con mucha responsabilidad. Debe haber un equipo interdisciplinario que lo aborde y busque soluciones. En primer término, es responsabilidad directa del Ministerio de los Servicios Penitenciarios porque no es solamente la custodia interna que se le debe brindar a los privados de libertad”.
Funcionarios detenidos
Hasta finales de septiembre de 2016, el director de Polilara, declaró que había 33 funcionarios del organismo que representa detenidos por estar involucrados como autores de varios delitos. De estos a 29 se les nombró en casos de extorsión.
Entre los casos recientes se tuvo conocimiento por procedimiento encabezado por el Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) de siete uniformados que chantajeaban por un monto de 500 mil bolívares.
En cuanto a detenidos por robos, este sábado en la madrugada, informó Rodríguez, arrestaron a un oficial por supuestamente intentar robar a un ciudadano en la avenida Vargas.
En los últimos 10 años, calculó, se han detenido a 103 funcionarios por cargos como, entre otros, lesiones y abusos de autoridad.
“Nosotros hemos sido bien contundentes. Funcionarios nuestros que estén involucrados en una acción delictiva inmediatamente se suspende del cargo. Para nosotros no existe ninguna contemplación”, afirmó.
