Vocero de comunidades y pueblos indígenas pertenecientes a los municipios Autana, Atabapo, Maroa, Río Negro, Manapiare Alto Orinoco, estado Amazonas, se comunicaron con Provea y el Laboratorio de Paz para denunciar la situación que padecen debido a la falta de acceso a los cupos de combustible, la cual se ha agravado desde agosto del 2016.
Debido a la ausencia de caminos y carreteras, los pueblos indígenas se transportan por agua y tierra a sus comunidades. Normalmente el Gobierno les asigna una cantidad de combustible, la cual reciben de manera periódica, que les permite trasladar alimentos, materiales para las escuelas, insumos médicos, así como a médicos y enfermeros que visitan periódicamente las diferentes poblaciones.
Voceros de las comunidades Wottuja, Yabarana, Yanomami, Yekuana, Curripaco, Bare, Baniva, Puinave, Piapoco, Hoti y Warequena, en comunicación con las organizaciones de derechos humanos, denunciaron que durante los meses desde agosto 2016 a enero 2017 la falta de acceso a combustible se agravó de forma dramática, perturbando el normal desarrollo de la vida comunitaria.
A pesar de presentar demandas y reclamos en diferentes instancias regionales, nacionales y militares, continúan sin cumplirse los compromisos asumidos por las autoridades.
Por sugerencia de los funcionarios los indígenas se organizaron en vocerías municipales, realizando a mediados del mes de enero de 2017 una reunión con un sargento de apellido Marcano de la Misión Ribas y Pdvsa en Puerto Ayacucho, responsables de la distribución del combustible. De ese encuentro funcionarios de ambas instituciones se comprometieron a garantizar el cupo correspondiente para cada municipio de manera regular.
Según el cronograma establecido, los lunes corresponde a comunidades del Municipio Río Negro; martes Alto Orinoco, Miércoles Maro, jueves Atabapo, viernes Manapiare y sábado Autana. La responsabilidad de su recepción y distribución se delegó en la Brigada 52 del ejército.
Ha pasado un mes y los acuerdos y compromisos no se han cumplido. El envío de combustible se ha realizado de forma irregular. La respuesta de los funcionarios militares es que el reparto del combustible jerarquiza a las instituciones estatales. Sin embargo, existe un mercado negro del hidrocarburo, que exige el pago de hasta Bs. 100.000 por 1.000 litros de combustible.
La falta de acceso a combustible para el transporte viola el derecho al libre tránsito de los indígenas, además limita el traslado de alimentos y la atención en materia de salud poniendo en riesgo comunidades remotas. A su vez, Indígenas quedan por semanas varados en las estaciones de distribución de combustible sin alimentos, medicinas, ni resguardo afectando derechos fundamentales, esperando ser beneficiados con el cupo de gasolina.
Voceros indígenas hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales a que solventen de manera inmediata las irregularidades que se están presentando en el estado Amazonas en esta materia.
Comunidades y pueblos indígenas, habitantes originarios del sector, exigen atención urgente para que no siga limitándose su acceso al combustible, que repercute de manera grave en el libre tránsito en sus territorios afectando también el acceso a la salud, alimentación, la vida comunitarias y el desarrollo normal de su cultura y tradiciones.
