Esa Carta Democrática que hoy se invoca, en el ámbito internacional y local, fue aprobada el 11 de septiembre del 2001. Surge marcada por las controversias.
Esa Carta Democrática, constituye un instrumento político. Pero, en criterio de Susanne Gratius, carece de mecanismos de sanción. Al contrario, contiene obstáculos legales que impiden una firme actuación en situaciones de riesgo democrático. Por ejemplo, plantea promover la democracia “dentro del respeto al principio de no intervención”, lo cual es inviable. Además, la Organización de los Estados Americanos (OEA) sólo puede actuar (a través de visitas y misiones) si la mayoría de los países lo exige; y por si fuera poco, si el gobierno en cuestión también está conforme, algo altamente improbable. “Este principio de consenso y el carácter intergubernamental de la Carta han sido los principales impedimentos para actuar en situaciones de precariedad democrática”, agrega.
En la actuación del organismo hemisférico, en sentido estricto, según algunos críticos, no puede pasarse por alto el hecho de no haberse modificado en lo absoluto la condición que llevó a suspender a Cuba, en el 1962. No obstante, en el 2009, se aprobó su reingreso. Lejos de aceptarlo, sin ninguna consecuencia previsible, el país antillano, sin rubor diplomático, se ha desentendido de dicho acuerdo. En ocasión de celebrarse la Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, en La Habana, en junio del año pasado, a raíz de la iniciativa adelantada por el Secretario General, Luís Almagro, en contra de Venezuela, el presidente Raúl Castro rechazó tal posibilidad. La OEA y esa Carta están en entredicho…
Ante el cuadro de inoperatividad que la hace aparecer como un saludo a la bandera, en materia de decisiones, la aplicación de las sanciones previstas en esa Carta Democrática representa un activo moral para los sectores de oposición, argumentan otros expertos. Pero el caso de Brasil, arroja dudas al respecto. El reciente juicio político o impeachment que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff fue aprobado con el voto de un 60% de “honorables diputados y senadores” vinculados a los escándalos de corrupción. Como para curarse en salud, según el aforismo popular. Los argumentos: “Deslices fiscales” e ”Irregularidades contables”.
Se reafirmaba así el denominado golpe light que se aplicó con éxito en Honduras y Paraguay, y mucho antes en Venezuela, con la defenestración de Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato. Es la oposición ejerciendo sus derechos políticos cuando controla el Poder Legislativo y el Poder Judicial. (Llama la atención que los teóricos del autoritarismo se refieran únicamente al Poder Ejecutivo). Recientemente, la derecha opositora en nuestro país (que gobernaba durante el episodio reseñado), mediante la Asamblea Nacional intentó una jugada similar. Erró en sus cálculos, sumando otro fracaso a su estrategia. Pero esa Carta…
En términos de la Real Politik, no es descartable para nada, la invocación que al igual que su antecesor asume el Presidente de la Asamblea Nacional. Con precaución, sin señalar plazos para la salida del Presidente Maduro. Detrás está el apoyo público reiterativo de gobiernos representado en la instancia hemisférica en cuestión, cuya composición no es la misma, como resultado de los recientes cambios presidenciales en la región. La pregunta sigue en pié: ¿Cambiará el curso del devenir político venezolano con la aplicación de esa Carta Democrática?
