Este martes el Partido Popular logró a través de una denuncia en el Juzgado de Guardia de Madrid por el caso “Delcygate”, que un juez asegure en un auto que el encuentro entre el ministro de Transporte José Luis Ábalos y la numero del régimen Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, hay indicios de delito.
Asimismo el otro logro del Partido Popular con respecto al mismo caso es superar la inacción de la Fiscalía, que a pesar de haber recibido ya una denuncia de los populares por estos mismos hechos no había ordenado diligencia alguna ni, lo que era más grave, impedido el borrado de las cintas grabadas por las cámaras de seguridad en el Aeropuerto de Barajas.
Precisamente este miércoles se cumplían los 30 días de plazo para que las cintas pudieran haber sido borradas, por lo que la decisión judicial ha llegado “in extremis” para impedirlo, reseñó ABC de España.
El juez de guardia ha redactado un contundente auto en el que se requiere a AENA o autoridades competentes del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para que procedan a “conservar las imágenes grabadas por el circuito de videovigilancia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020 relativas al hecho denunciado: presencia de Doña Delcy Eloína Rodríguez López en aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y su posible acceso a una sala VIP de la terminal de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas donde permaneció hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha en la mañana del día 20-1-2020”.
Todo ello, “en contravención de la Decisión del Consejo de la Unión Europea 2017/2074”, ya que es una de los veinticinco dirigentes de la República Bolivariana de Venezuela sancionadas, “incluyendo prohibición de viajar a territorio de la Unión Europea, lo que incluye los tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto de la Unión Europea, con obligación de cualquier Estado miembro de adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transite por él”.
Pero además el juez hace la advertencia expresa de que todo lo ordenado; es decir, la remisión de las imágenes de esa noche, debe cumplirse “bajo apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial”, al tiempo que precisa que de los datos expuestos en el escrito de denuncia del Partido Popular “se desprenden indicios racionales de hecho delictivo”.
