El dirigente sindical fue detenido el 29 de noviembre de 2018 y posteriormente condenado el 13 de agosto de 2019 a cinco años y nueve meses de cárcel por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional
Familiares, abogados y trabajadores de las empresas de Guayana exigieron la libertad de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, quien cumplió este 29 de junio 19 meses privado de libertad. Su detención ocurrió cuando regresaba de una marcha por la recuperación de las tablas salariales en Caracas.
Yarudid González, hija del secretario general y trabajadora de Ferrominera Orinoco, exigió al Gobierno nacional la libertad del dirigente sindical. “Rubén González no ha cometido ningún delito, por tanto, se debe hacer justicia en darle la libertad plena”, declaró.
 Yarudid González señaló que la privativa de su padre generó problemas emocionales para su familia | Fotos William Urdaneta |
Denunció que la detención fue una injusticia ya que su padre solo hizo su trabajo como dirigente sindical que fue protestar por las reivindicaciones laborales que fueron quitadas por el Gobierno nacional durante 2018. “Rubén González ha sido secuestrado, se han violentado sus derechos”, expresó.
Señaló que tiene 4 meses sin ver a su padre por la pandemia, quien está en una celda con otros cuatro presos militares, sin agua potable, en un espacio no apto y sin contar con medidas preventivas para evitar algún contagio de COVID-19. “No se le ha suministrado ningún equipo de protección personal, mascarilla, ningún antibacterial, jabón. Nada con que ellos puedan tomar unas medidas de salud ante esta pandemia”, relató Yarudid.
La trabajadora de Ferrominera Orinoco mostró preocupación por la condición de su padre, ya que tiene 61 años, es hipertenso y sufre problemas renales desde hace 10 años, los cuales se han agravado desde su detención.
Desde el Internado Judicial de Monagas (cárcel de La Pica), en el mes de abril, los alertaron sobre la delicada condición de salud de González. Yarudid indicó que mientras su padre este detenido sus problemas de salud van a ir empeorando. Aunque ha podido tomar sus medicamentos para la tensión continúan los problemas renales, ya que necesita ser operado.
Un proceso viciado
Rubén González fue arrestado el 29 de noviembre de 2018 y posteriormente condenado el 13 de agosto de 2019 a cinco años y nueve meses de cárcel por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.
Jorge Machuca, uno de los abogados defensores, declaró que la detención es una retaliación en contra del secretario general de Sintraferrominera. “Es un problema político en contra de Rubén González”, denunció. Responsabilizó a Nicolás Maduro de la salud del dirigente sindical.
Miguel Ekar, otro de los abogados defensores de González, explicó que además de todas las irregularidades durante el arresto y el juicio, la sentencia condenatoria se dio con solo dos testigos, cuando uno de ellos no estaba presente en los hechos y el otro que se contradijo en la declaración sobre el armamento que portaba en ese momento.
Ekar reiteró que el juicio fue inconstitucional. Preocupado por la condición de salud de González, el abogado espera la pronta liberación del secretario general de Sintraferrominera.
Exigencia de organismos
La sentencia condenatoria tendría una audiencia de apelación el 17 de marzo, pero esta fue aplazada luego que se anunciaran los primeros casos de COVID-19 en el país. A partir de allí, no se ha avanzado más en su proceso, pese a que organismos internacionales exigen su libertad inmediata.
 La defensa de González espera conseguir pronto la liberación del secretario general de Sintraferrominera |
La Comisión de Encuesta, el procedimiento de investigación más alto de la Organización Internacional del Trabajo, publicó en septiembre de 2019 un informe señalando que la detención y enjuiciamiento de González “estuvo efectivamente dirigido a inhibir su capacidad de acción sindical inmediata y a servir de ejemplo disuasorio de la actividad sindical de los afiliados a su sindicato”.
La comisión consideró que los cargos y la condena impuesta constituyó una penalización y disuasión severas de la actividad sindical y una grave vulneración del convenio número 87 y sugirió la liberación inmediata de Rubén González.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas determinó que la detención de González fue arbitraria y exigió al Gobierno nacional su libertad inmediata.
En el documento el Grupo de Trabajo expuso que la privación de libertad de González “constituyó una vulneración del derecho internacional, por tratarse de una detención basada en discriminación por su opinión política y por ser secretario general de un sindicato que defiende los derechos laborales”.
Aunque organismos no gubernamentales tanto a nivel nacional como internacional han solicitado la libertad del secretario general, este sigue recluido en la cárcel de La Pica. El gobierno sigue exponiendo la vida de González luego de un proceso injusto y arbitrario por acabar con las protestas laborales.
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