Rechazar el diálogo que pretende impulsar el régimen a puerta cerrada, para tratar la situación crítica del sector agroalimentario del país, acordó el Frente de Defensa de la Seguridad Jurídica y Personal de los Productores Agropecuarios Venezolanos, creado por la Asamblea Nacional legítima.
Estima el Frente que el diálogo debe hacerse de cara al país, comprometiéndose el régimen, fundamentalmente, a respetar la propiedad privada, la libertad económica, la libre competencia, protección del ambiente y el estímulo a la productividad.
El pronunciamiento lo dio a conocer el presidente de Frente de Defensa de la Seguridad Jurídica y Personal de los Productores Agropecuarios Venezolanos, diputado Alexis Paparoni, a través de un comunicado refrendado por los gremios de productores agrícolas, representantes de las Academias, empresas del sector agroalimentario y diputados de la legítima Asamblea Nacional.
Aseguran en el documento que la situación de crisis humanitaria compleja existente en el país no es producto de las sanciones internacionales, sino del modelo económico fracasado del régimen de Nicolás Maduro, llamado Socialismo del Siglo 21, que ha llevado al país a la ruina y sucumbido el sector de producción nacional del país.
“El gremio cúpula debe mantener su posición de no seguir permitiendo atentados a la dignidad humana de los empresarios por parte del régimen y que se deben resarcir los daños ocasionados a su patrimonio. Recordarles el restablecimiento de la seguridad jurídica y personal confiscada, como garantía de que podrán trabajar sin atropellos, extorsiones ni coimas”., apunta el documento
El texto del comunicado expone:
Llamado a la reflexión a los gremios empresariales
El Frente de Defensa de la Seguridad Jurídica y Personal de Los Productores Agropecuarios Venezolanos (creado por resolución de la AN el 5 de noviembre de 2019), ante el acercamiento que el régimen hace al gremio nacional más importante de la producción, extiende una alerta referente a que: “El diálogo sólo es legítimo si se hace de cara al país y rendirá sus frutos si se ponen sobre la mesa las verdades que a este régimen no le gusta escuchar”.
La sociedad venezolana y sobre todo sus agremiados confía que la cúpula nacional que los representa, hará valer sus postulados fundamentales: “El respeto a la propiedad, la libertad económica, la garantía del libre ejercicio de la competencia, la protección del ambiente, el estímulo a la productividad”. Principios que son necesarios para el desarrollo armónico de la economía, para la generación de fuentes de empleo y para lograr aumentar la oferta de bienes y servicios para elevar el nivel de vida de nuestra población.
El gremio cúpula debe mantener su posición de no seguir permitiendo atentados a la dignidad humana de los empresarios por parte del régimen y que se deben resarcir los daños ocasionados a su patrimonio. Recordarles el restablecimiento de la seguridad jurídica y personal confiscada, como garantía de que podrán trabajar sin atropellos, extorsiones ni coimas. Señalarles que la apertura democrática planteada, no es cónsona con un escenario donde se promueve el Estado Comunal y se continúan promoviendo invasiones a la propiedad y la toma de empresas en plena producción. Más aún cuando se continúa con la “economía de los favoritos”, con la entrega preferencial de los recursos del país, sin ninguna transparencia, sin licitación, de forma contraria a los principios de competencia leal y de la ética establecida en el ordenamiento legal.
Es muy importante reflexionar que este llamado al diálogo se hace sobre los escombros y la ruina de nuestro país, que fue condenado por este régimen a descender de la escala de ser uno de los países con más posibilidades de alcanzar su desarrollo a corto plazo, a pertenecer a las diez naciones más pobres del mundo. Aún no hemos oído el régimen, emitir un mensaje a los empresarios, a quienes por cierto ha destruido deliberadamente, que ellos van a abandonar la aplicación de cientos de leyes, decretos y reglamentos, inconstitucionales, creados para destruir empresas, irrespetar la propiedad y desconocer la libertad económica.
Alertamos al sector empresarial que, ante la visita de una comisión de la ONU con la finalidad de investigar el impacto de las sanciones sobre la población, el régimen está buscando aliados para pretender justificar que la emergencia humanitaria que padecemos, ha sido causada por las sanciones aplicadas. Es importante señalar que estas sanciones, aplicadas por países preocupados por rescatar nuestra libertad, principalmente recaen sobre personajes del régimen involucrados en la violación de derechos humanos, hechos de corrupción, terrorismo y narcotráfico, así como a sus empresas afines que se prestan para cometer los mismos delitos.
El análisis de las cifras macroeconómicas y de la caída de la producción a partir de 2013 desmiente la falsedad del régimen sobre las sanciones. La población es testigo de que esta catástrofe nacional, ha sido el resultado de la aplicación del socialismo del siglo XXI, profundizada a partir de 2013.
Recordamos al país que el llamado al diálogo que hace el régimen, se hace bajo la puesta en escena de un país que vive una situación normal, esa es su estrategia, “negar que el país sufre hoy la peor crisis económica y social que se conozca en la historia republicana y que existen algunos problemas creados por las sanciones internacionales que el gremio empresarial si puede ayudarlos a resolverlos.
La realidad es que el caótico manejo de la macroeconomía ha ocasionado la caída del Producto Interno Bruto por 28 trimestres continuos, ha destruido nuestra moneda, ha hecho desaparecer el crédito bancario. Y además el cataclismo que ha significado la ruina de Pdvsa, ha disminuido la producción de petróleo a niveles de los años 40 del siglo pasado y colapsado la producción nacional de combustibles y lubricantes.
La hiperinflación desatada por 39 meses consecutivos ha pulverizado el poder adquisitivo de los hogares, el resultado de este desastre ha sido el empobrecimiento del 96% de nuestra población y el cierre de dos tercios de grandes, medianas y pequeñas empresas. Las invasiones de fincas y su posterior expoliación de tierras y bienhechurías de 6 millones de hectáreas, han elevado los niveles de inseguridad alimentaria a más de un 80% de la población.
La destrucción de las empresas básicas y la pretensión de entregarla a sus aliados ideológicos y la depredación de nuestros recursos naturales para ejecutar el más grande despojo de nuestras riquezas minerales, ha sido hecha violando nuestra carta magna.
Capítulo aparte de esta tragedia es el desmembramiento de la familia, debido a la migración de millones de nuestros conciudadanos que constituyen lo más preciado de nuestro país: su recurso humano.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado a la reflexión sobre la necesidad de que la propuesta al diálogo que le hace el régimen a los gremios empresariales, solo tendrá éxito si se realiza de forma transparente, de cara al país y con la finalidad de construir una vía para el cambio político, que garantice una economía próspera y sustentable, en beneficio de nuestra población.
En Caracas a los siete días del mes de febrero de 2021
Frente de Defensa de la Seguridad Jurídica y Personal de Los Productores Agropecuarios Venezolanos
