Lara es uno de los estados, donde la represión armada y los ajusticiamientos extrajudiciales, así como otros delitos de lesa humanidad, por parte de los cuerpos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro, ha cobrado un significativo número de víctimas: más de 350 asesinatos.
Ahora, con la visita oficial que hará el fiscal general de la Corte Penal Internacional a Venezuela, doctor Karim Khan, los familiares de tan alta cifra de personas indefensas desaparecidas puedan ser oídas, expresó a Elimpulso.com, en forma de imploración, el sociólogo Nelson Fréitez, defensor de los Derechos Humanos y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
De todos los casos hay no solamente denuncias, sino documentación consignada ante la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, doctora Michelle Bachelet, y a la CPI, adicionó nuestro entrevistado.
Es de recordar que en los procedimientos represivos del régimen durante el año 2017, fueron ajusticiados 142 ejecuciones en todo el país, de las cuales 22 ocurrieron en Lara. En el 2019, se produjeron cinco espeluznantes ejecuciones: 2 en Carora y 3 en El Tocuyo como consecuencia de las manifestaciones pacíficas llevadas a cabo el 23 de enero de ese año.
Y desde el 2018 fueron perpetradas más de 350 ejecuciones extrajudiciales en el estado Lara, además de los casos de tortura física y sicológica, así como actos de persecución y amenaza a familiares de las víctimas, añadió el defensor de los Derechos Humanos.
Si el fiscal Khan se va a reunir, como se ha anunciado oficialmente, con autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, al igual que con las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, esperamos que oiga a los familiares de las víctimas para que tenga una versión completa de los delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, donde ha imperado la impunidad al punto de que individuos de los cuerpos de seguridad, plenamente identificados, después de cometer sus crímenes, han sido ascendido en sus cargos.
Aspiramos que sean responsabilizados no sólo los autores materiales de todos los casos de ajusticiamientos extrajudiciales, sino la cadena de mando que ordenó esos delitos de lesa humanidad.
Ya es del conocimiento público que, desde hace tres meses, el gobierno ha venido desarrollando una política de maquillaje para impresionar a las autoridades internacionales, que consiste en adecentar los centros de reclusión, dotar de uniformes a los detenidos y procesar a algunos individuos de los cuerpos de seguridad, pero no a los que conforman la cadena de mando.
Y la Asamblea Nacional ha venido haciendo una ley para hacer ver que serán atendidas las denuncias de los familiares de las víctimas de los cuerpos de seguridad, comentó. Pero, lo importante es que el fiscal general de la CPI actúe conforme a Las disposiciones de esa Corte y, por fin, se haga justicia en esa instancia, porque a nivel nacional es difícil que se haga.
