La investigación que se llevará a cabo en Venezuela, para determinar responsabilidades en los delitos de lesa humanidad, es la primera vez que la Corte Penal Internacional (CPI) interviene en América Latina.
Lo dice Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa venezolano de educación-acción en Derechos Humanos (Provea), quien por tal circunstancia califica ese hecho como histórico.
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Considera sumamente importante que el Estado venezolano haya suscrito un documento con la Corte, para que se haga la investigación, aunque el Ejecutivo Nacional ha mostrado su insatisfacción por la actuación del mencionado organismo en la fase inicial del procedimiento judicial.
Destacan dos aspectos al ser aceptada la investigación: primero, porque se están atendiendo a las víctimas y a los familiares de éstos, ya que en el país no tuvieron respuestas sus pedidos de justicia; y el segundo, porque ha dado resultado el trabajo sostenido por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que desde el primer momento en que comenzaron los delitos de lesa humanidad no dejaron un instante de acumular documentación y testimonios para llevarlos al órgano internacional idóneo.
Antes de la visita del Fiscal Karim Khan a Venezuela, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en Venezuela habían sostenido contacto con la Fiscalía y consignado suficiente material acerca de los delitos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecuciones perpetradas por los organismos de seguridad.
Es de recordar que la anterior fiscal, Fatou Besouda, determinó que existían elementos para creer que se habían cometido delitos de lesa humanidad en Venezuela. Y ahora, manifestó Uzcátegui, la investigación dará los resultados que esperaban las víctimas o los familiares de las personas desaparecidas.
