Cuando el 23 de enero de 1958 cae la dictadura perezjimenista curiosamente la Organización Panamericana de la Salud había reconocido a Venezuela como modelo en materia de salud. La dictadura fue capaz de priorizar el sector de la salud manteniendo niveles óptimos por medio de la dotación de medicinas, insumos y un personal de primera. Eso por supuesto jamás justificara su bestial violación a los derechos humanos.
Si bien con la instauración de la democracia no hubo la requerida continuidad administrativa de esa gestión, al menos el servicio nunca decayó a niveles de una dantesca crisis como ocurre actualmente con el socialismo del siglo XXI.
La crisis actual principia con la falta paulatina de medicamentos y su especulación tiene su origen en la disparatada decisión del fallecido Hugo Chávez de reducir la partida en dólares para la importación de medicinas a falta de producción nacional masiva. La misma rondaba más de 2 mil dólares pero paulatinamente fue disminuida a su mínima expresión para crear las condiciones para el mercado negro de los medicamentos muy propio de los regímenes socialistas habidos en el mundo. Una falsa concepción del nacionalismo por destruir lo ya existente.
El problema de la salud en Venezuela no es algo casual ni tampoco obra de fuerzas maléficas enemigas de los intereses nacionales como el imperialismo norteamericano. Ello como la camarilla gubernamental de turno pretende justificarlo. Es la consecuencia de un plan calculado de destrucción de lo existente para la perpetuación en el poder y el control de la población. Reducir a los enfermos a mendigos de un Estado. como decía Don Rómulo Betancourt, dominado por “sicofantes del hamponato político”.
Así pues, recientemente la Fiscalía General de la República anunció la apertura de una investigación a varios integrantes del personal de centros de salud que cobran por prestar servicios en la salud pública. Una medida plausible que se reconoce pero incompleta por no ir a la raíz del problema que comienza por las instancias superiores. Tratado así el problema no pasa de demagogia y un saludo a la bandera.
La referencia al respecto es lo que sucede en ese sector público en el estado Lara donde el servicio se ha venido a menos. La mejor prueba es el cese del Servicio de Radioterapia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda durante la pésima “gestión” de la exgobernadora Carmen Meléndez. Un hecho inexplicable por el pertinente beneficio que el mismo ofrecía a los sufridos pacientes de cáncer. Actualmente el HCUAMP solo ofrece a los pacientes una destartalada cama y una mermada atención por la deserción del personal médico y de enfermería.
Las valientes denuncias hechas, a través de El Impulso.com, por el presidente del Colegio de Médicos del estado Lara doctor, René Rivas, han puesto al desnudo esta deplorable problemática. Entre éstas referimos la de las medicinas que deben comprar los pacientes y el deterioro de los servicios.
Hoy en Venezuela no existe en la práctica el derecho a la salud. El mismo se mendiga cuando debería ser todo lo contrario. La gente muere por falta de poder adquisitivo para comprar las medicinas y hacerse los tratamientos, inexistencia de centros de salud debidamente dotados y la especulación con los precios por la medicina privada.
Un ejemplo son los pacientes afectados por el cáncer que no encuentran a que santo rogarle para curarse su mal. Pues en la gobernación tienen el descaro de mandarlos a hacer rifas y vendimias para conseguir un exiguo dinero que les permita remediar el tratamiento. Solicitar una ayuda económica en esa instancia oficial es como arar en el mar. Tras una larga espera le dicen al solicitante que no la hay en lugar de ser más sinceros. Un hecho que solo ocurre en un país con un sistema de salud en crisis por la torcida concepción del mismo y estar en manos de una burocracia insensible, incapaz y oportunista al servicio de un régimen sociopolítico retrógado. En la Venezuela actual el derecho a la salud es una quimera. Sin más ni menos.
Freddy Torrealba Z.
