En torno a la lamentable situación que se produjo luego que una lancha artillada de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago ametrallara a un peñero con migrantes venezolanos con saldo de un niño de un año muerta por herida de bala, el coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la UCLA, profesor Nelsón Freítez, manifestó que estos hechos ocurren en primer lugar por la compleja crisis humanitaria que vive el país. «En Venezuela no están garantizadas las condiciones mínimas para la existencia de la población en lo que se refiere a alimentación, salud y servicios y ello lleva a muchos a querer salir del país a toda costa, aún arriesgando la vida».
Señaló el también miembro de la Red de Derechos Humanos del estado Lara en relación a la muerte de la niña venezolana acribillada por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, que hay que recordar que no es el primer hecho grave que ocurre con refugiados venezolanos que intentan llegar hasta esa isla, porque en el pasado han ocurrido situaciones muy lamentables con migrantes de oriente que buscan esa vía para escapar a la crisis humanitaria que vive Venezuela.
«La población se lanza en un riesgo enorme al tratar de llegar a distintos países de América Latina, en este caso particular Trinidad y Tobago y cruzan el mar con todos los peligros que ello implica para llegar a una isla en la cual no son bien recibidos y no es la primera vez que venezolanos son reprimidos por su intento de arribar a esa isla e incluso hay quienes aún permanecen detenidos por el Gobierno de esa nación», señaló el profesor Fréitez.
Recordó que hace aproximadamente un año se produjo el hundimiento de una barca, suceso en el cual 41 venezolanos fallecieron intentando llegar hasta Trinidad y Tobago. Este nuevo suceso viene a sumarse, con la gravedad que significa, a hechos graves ocurridos en relación a Trinidad y Tobago.
«No hay que olvidar que el Gobierno de Trinidad y Tobago es aliado del régimen de Nicolás Maduro y tiene convenios que favorecen a esa isla con la llegada de recursos energéticos, entre otros el gas que Venezuela le otorga en condiciones favorables», dijo Nelson Fréitez.
Por tanto -continuó- en distintos momentos ese Gobierno ha tenido actuación en organismos internacionales que favorecen al régimen venezolano y es en este marco que los venezolanos que intentan llegar a Trinidad son reprimidos, se les impide que entren si no presentan la documentación adecuada, son detenidos, deportados y han habido denuncias de maltratos.
«Lo que ocurrió en el caso específico de la niño venezolana que fue ejecutada por disparos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago es un hecho muy grave porque las lanchas utilizadas por ese país son equipos sofisticados, son naves artilladas de dimensiones significativas», aseveró el el coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
Dijo, que la declaración pública que emite la Guardia Costera de Trinidad y Tobago habla de una especie de amenaza ante la presencia de unas 20 personas oriundas de Tucupita y se vieron obligados a dispararles por considerar los militares que iban en la patrulla marítima y que podían ser embestidos por el peñero venezolano.
«Es insólito creer que una embarcación artillada de esas dimensiones, con armamento de guerra y personal especializado pueda correr peligro ante la presencia de una lancha convencional tripulada por balseros venezolanos que iban desesperados por llegar a la isla», apuntó Fréitez.
Para el miembro de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, esto constituye un delito, «es un crimen, una violación al derecho a la vida, pero se inscribe dentro de una política del Gobierno de Trinidad y Tobago en alianza con el régimen de Nicolás Maduro e intenta por todos los medios impedir que los venezolanos desesperados por la ausencia total de condiciones mínimas de vida que le garanticen el acceso a los bienes y servicios básicos y eso los lleva a arriesgarse».
Esto -señaló Fréitez- contraviene todos los tratados internacionales de atención a la población desplazada, migrantes y los venezolanos deben ser considerados refugiados y están protegidos por tratados internacionales, tal y como lo plantea la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ya son más de seis millones de venezolanos que están en esta situación y por tanto constituye una grave violación a los derechos humanos en las que tienen responsabilidad directa la Guardia Costera del Gobierno de Trinidad y Tobago con la complicidad del régimen venezolano que no protege a la población venezolana que se desplaza fuera de las fronteras del país.
Cierra el profesor Fréitez recordando que con este lamentable caso, es el tercer niño venezolano en lo que va del año 2022 que fallece en el intento de llegar como desplazado de este país a un sitio de destino huyendo prácticamente de Venezuela, tal como fue el caso de la niña que murió ahogada el 18 de enero en la frontera entre México y Venezuela y un menor de dos años fallecido en la frontera entre Bolivia, Perú y Chile el 29 de enero y ahora un niño de un año baleada por efectivos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago el 5 de febrero de 2022.
