La reforma a la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), a partir de la cual el régimen comenzó a grabar las operaciones en divisas realizadas en el país, se está aplicando en un contexto que no favorece la recuperación del uso del bolívar, «dada la persistencia de políticas macroeconómicas no sostenibles que, más bien, han influido en la dolarización de la economía».
Así lo expone en un ensayo publicado como parte de la serie «Notas sobre la economía venezolana», del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, la economista María Antonia Moreno.
La especialista explica que esta medida es «apenas un paliativo temporal de la situación fiscal», porque puede aumentar los ingresos del régimen por concepto de recaudación tributaria. Reconoce que, en este momento, hay factores que obstaculizan la evasión del impuesto, entre ellos «el bajo valor de la unidad tributaria y la intensificación de la fiscalización por la autoridad tributaria para obligar a la actualización de las cajas registradoras de los negocios que realizan transacciones en dólares».
Sin embargo, deja claro que, a mediano plazo, el impacto del tributo en la recaudación y en el estímulo al uso de la moneda nacional «dependerá de la persistencia o no de la falta de confianza en el bolívar, y de que los sujetos del impuesto puedan incrementar las transacciones en divisas a través de mecanismos informales».
También advierte que el traslado del impuesto a los precios de los bienes, en presencia o no de elusión por parte de productores y comerciantes, tiene una consecuencia inflacionaria que puede afectar las intenciones de desdolarizar. «Este efecto que, contrariamente a lo esperado, contribuiría a reforzar los motivos para dolarizar, se magnifica si el efecto cascada del tributo es importante. Es de notar que una alícuota legal de apenas 0,5%, puede transformarse en una efectiva de 2%, si un bien se transa cinco veces entre el punto de origen y su destino».
Moreno señala que el objetivo de desdolarizar con acciones como esta atenta contra uno de los principales aspectos positivos de la dolarización parcial, «como lo es haber permitido la reactivación de la actividad económica privada en un ambiente de desaceleración de la muy elevada inflación«.
«Mejorar la situación de las devastadas finanzas públicas del país es indispensable; sin embargo, hacerlo con el IGTF, no luce sostenible, porque se apoya en medidas de fuerza que desestimulan la intermediación crediticia y fomentan la informalidad; además porque contribuyen a la regresividad e ineficiencia del sistema tributario. Sin una reestructuración de las políticas macroeconómicas, la persistencia de estos factores a la larga termina por afectar negativamente la actividad económica, y por esta vía a la propia recaudación impositiva y, consecuentemente, a las finanzas públicas», asegura la investigadora asociada del IIES UCAB.
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