Un total de 175 reclamos laborales en junio registró el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical, para un acumulado durante el primer semestre del año de 880, equivalente a 65,28% del total de conflictos reportados en todo 2021 (1.348 quejas).
Destaca la información que el número de manifestaciones laborales del sexto mes de 2022 es el más alto de lo que va de año, seguido de febrero con 166.
El Observatorio del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), revela que el mayor porcentaje de conflictos de junio fue protagonizado por trabajadores del sector salud, hasta con un 39% del total. El personal de educación, segundo sector con mayor participación, estuvo presente en 19% de las protestas.
Los principales motivos fueron los reclamos por salarios dignos (33%), por incumplimiento de convenciones colectivas (31%) y por despidos injustificados de trabajadores (5%).
Bolívar encabezó de lejos el número de conflictos con 21% del total nacional, seguido por Sucre, Aragua y Barinas con 7% cada uno.
Los trabajadores del sector público siguen al frente de los reclamos por mejoras de condiciones laborales, con presencia en 91% de las quejas. La participación de los sindicatos en los conflictos fue de 69%. Hasta 79% se materializaron en concentraciones públicas, mientras que 11% fueron denuncias, identificó el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical.
Los docentes insisten en que su derecho a recibir un salario justo y suficiente se ha violentado al devengar al mes menos de 100 dólares, que no cubren ni el 20% del costo de la canasta básica que en mayo estaba en 2.468,76 bolívares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM). El monto equivalía a 487,89 dólares, al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela fijado en 5,06 bolívares para ese momento.
Además, los educadores mantienen suspendidos el seguro colectivo de hospitalización, cirugía y maternidad, así como otros beneficios contemplados en la contratación colectiva, vencida desde hace más de un año. Señalan que son víctimas del incumplimiento de casi la totalidad de las cláusulas. Se suma a ello la vulneración de las cláusulas contractuales por parte de la Oficina Nacional de Planificación y Presupuesto (Onapre).
Mientras que el gremio de la salud advierte que se ha profundizado la falta de medicamentos e insumos en los hospitales, razón por la cual no pueden ofrecer atención primaria y oportuna a los pacientes que acuden a los centros médicos, siendo la salud un derecho constitucional.
Los trabajadores sanitarios exigen transparencia informativa sobre cómo proceder con las prescripciones médicas para pacientes de emergencia, con el fin de prevenir detenciones, tales como las que han ocurrido este año por el simple hecho de tener medicamentos en koalas o bolsos de trabajo.
