Trabajo de www.talcualdigital.com
La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión aseveró este martes 1° de noviembre, en un comunicado, que «prácticamente la totalidad de las emisoras» cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) este año «son clandestinas».
El escrito fue difundido por el presidente de la Cámara, Iván Messori. La institución alegó que esta información fue recibida y confirmada a través de Conatel.
La Cámara aseguró que el funcionamiento de este tipo de emisoras es «gravemente perjudicial» para aquellas que funcionan legalmente, debido a que interfieren en las señales de otras estaciones, no pagan impuestos, incurren en competencia «desleal» al fijar tarifas que distorsionan el mercado y tampoco cumplen la normativa en materia de telecomunicaciones.
«Las emisoras clandestinas no pueden ampararse en la libertad de expresión para funcionar», afirmó la Cámara, aunque aseguró que seguirán gestionando ante Conatel los permisos correspondientes para todos sus agremiados.
También reiteró su posición de «seguir combatiendo y denunciando las incursiones que invaden el espacio radioeléctrico y consideradas como un delito por la legislación vigente».
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), hasta el 28 de octubre, contabilizó 79 emisoras cerradas a manos de Conatel durante 2022, en 16 de los 23 estados del país.
Para la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad –que agrupa a las ONG Un Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad– el cierre de emisoras responde a un «claro patrón de censura que atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión e información.
También consideran que estos cierres están orientados a reducir al mínimo los espacios de los medios independientes. La Red señaló que en los últimos 13 años se ha cerrado un total de 171 emisoras de radio en Venezuela, 95 de ellas en lo que va de 2022.
«El cierre de medios de comunicación bajo la figura de extinción de concesión ha sido una política sistemática de las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para reducir los espacios informativos y de libertad de expresión», reiteró la organización.
