La Federación Venezolana de Maestros (FVM) exigió el 11 de mayo la reanudación de la negociación del convenio colectivo que permita tener salarios «dignos, justos y suficientes» para los trabajadores del sector educativo del país.
«Exigimos al gobierno nacional un aumento salarial y la continuidad de la discusión de la Tercera Convención Única y Unitaria», indicó la presidenta de la FVM, Carmen Teresa Márquez, en rueda de prensa.
Márquez dijo que se ha aprobado un 30 % de las cláusulas del convenio colectivo, pero que, actualmente, la negociación se encuentra suspendida «porque el gobierno paró las discusiones».
Asimismo, informó que, esta semana, representantes del gremio se reunieron con la ministra de Educación, Yelitze Santaella, para exigirle el pago de deudas pendientes y la búsqueda de recursos económicos que «dignifiquen» las condiciones de vida y de trabajo de los maestros y demás trabajadores del sector.
Sobre el aumento en dos bonos anunciado el 1 de mayo por Nicolás Maduro -uno de alimentación que pasó de 1,8 dólares a 40 dólares, y otro de «guerra», equivalente a 30 dólares- Márquez sostuvo que esto resulta insuficiente para que los trabajadores o los jubilados «sobrevivan».
«No dio el aumento salarial, se basó en dar bonificaciones que no le permiten realmente sobrevivir, ni a los jubilados ni a los trabajadores, ni a los maestros que están ganando escasamente entre 15 y 20 dólares quincenales, aun cuando la canasta alimentaria está en 510 dólares», añadió.
Crisis económica dificulta acceso a los más vulnerables
Este martes, 9 de mayo, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó la 34ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, desde enero a diciembre de 2022, en el que destaca la situación de la educación en el país.
En el documento titulado «Desigualdad e impunidad: la pandemia de Venezuela», la organización dedicó un capítulo de 45 páginas a la educación y afirmó que uno de los derechos más vulnerados ha sido el derecho a la educación.
La organización destacó que «todos los indicadores muestran que a medida que se deteriora el sistema educativo público y se prolonga la crisis económica, aumentan las barreras de acceso económico al derecho a la educación de la población más vulnerable», se lee en el texto.
El informe anual de Provea precisó los principales obstáculos que enfrenta la educación venezolana y destacó que en la mayoría el Estado tiene competencia y responsabilidad.
