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Frente a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de reanudar la investigación sobre Crímenes de Lesa Humanidad del Caso Venezuela I, el gabinete de Nicolás Maduro anunció el 4 de julio que enviarán un recurso de apelación contra la decisión de la CPI.
El 7 de julio, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI ha pedido a los Jueces de la Sala de Apelaciones derecho a participar en la anunciada apelación para proteger los intereses de las 8.900 víctimas, a 630 familias afectadas y a 2 organizaciones que aparecen en la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) hace meses.
«La interposición de la apelación no suspende los efectos de que se continúe con la investigación, a menos que el gobierno de Venezuela se lo solicite expresa y justificadamente a la Sala de Apelaciones de la Corte internacional y esta lo acuerde. Continúa la investigación de la situación ante la CPI», señaló Génesis Dávila, directora y abogada de la ONG Defiende Venezuela.
La decisión del ente multilateral el 27 de junio le da facultades al Fiscal Karim Khan de investigar sobre los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por individuos relacionados al gobierno de Nicolás Maduro.
«Khan recobra sus potestades previstas en el artículo 54 del Estatuto de Roma, por lo que podrá seguir reuniendo y examinando pruebas, hacer comparecer e interrogar personas, solicitar cooperación de los Estados, entre otras acciones», reafirmó Dávila.
Aunque el caso Venezuela I es el primer hito de investigación por crímenes de lesa humanidad a un gobierno latinoamericano en ejercicio, no es la primera vez que un miembros de un gabinete presidencial activo está bajo la presunción de violaciones al Estatuto de Roma.
Runrun.es consultó a Dávila, a Omar Piñango, coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad (OCLH), y a Alonso Domínguez, Coordinador de la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, para detallar cómo el gabinete de Nicolás Maduro puede retrasar el juicio y cómo la CPI sobrepasa esos obstáculos.
1- CPI debe priorizar qué crímenes investigará
Hasta la fecha, en el proceso penal de Venezuela I todavía no se han identificado casos concretos ni han sido determinados sus posibles o presuntos responsables.
Pese a que la Misión internacional independiente de las Naciones Unidas identificó varios crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 2014 hasta ahora y se tiene identificados a varios funcionarios públicos venezolanos, la CPI debe hacer pública por dónde empezará su investigación forense e identificar a los funcionarios dependiendo del posible crimen involucrado.
«En esta etapa primigenia de la investigación, en la que apenas acaban de reactivarse las facultades investigativas del Fiscal, es muy probable que todo gire en torno justamente a la selección de casos», dice Piñango. «En el sistema del Estatuto de Roma, no existe ningún impedimento para investigar, juzgar y sancionar a responsables que estén en el ejercicio de cargos oficiales, ya que no se contemplan prerrogativas».
La directora de Defiende Venezuela señala que la Oficina de la Fiscalía de la CPI ha analizado 4 crímenes en particular gracias a los informes de la ONU y la VPRS venezolana, que promulgó la propia corte.
«Es probable que la investigación se centre en los crímenes de lesa humanidad relacionados a la tortura, el encarcelamiento, la persecución fundada en motivos políticos y la violación y otros actos de violencia sexual. Pero pueden incluirse otros actos distintos en una etapa posterior», agrega.
2- Apelaciones gubernamentales contra las VPRS
Para el abogado Alonso Domínguez, la reciente apelación que emitió la Cancillería venezolana busca agotar los recursos de la CPI para continuar con el juicio, tal como está ocurriendo en el caso de Filipinas y las ejecuciones extrajudiciales relacionadas al gabinete del expresidente Rodrigo Duterte entre 2014 y 2022.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI decidió autorizar la investigación de Duterte en septiembre del 2021, cuando aún era presidente del país asiático. Al igual que en Venezuela, las víctimas y sus familiares participaron en una ronda de VPRS.
Dos meses después, el gabinete filipino solicitó aplazar la investigación y la CPI pidió reanudar el caso en junio del 2022. Por cada apelación que el gobierno filipino ha mandado desde el 2021 hasta ahora, la CPI consulta a las víctimas para confirmar la decisión de derogar la investigación.
«En mayo de 2023 fue presentado por tercera vez un informe del VPRS sobre lo que opinaron las víctimas en Filipinas y ahora se está a la espera de la decisión de la apelación», dice el representante de Un Mundo Sin Mordaza. «Las similitudes con la investigación Venezuela son evidentes. En comparación, la situación de Venezuela ha avanzado más rápidamente, pero no tiene que seguir siendo así en el futuro».
Lo más probable es que se llame a otra ronda de consulta de las víctimas venezolanas. «Pero habrá que esperar lo que decida la Sala de Cuestiones Preliminares respecto a si mientras se resuelve la apelación la investigación continúa o, por el contrario, tendrá efecto suspensivo».
3- La cooperación internacional: factor decisivo
Dávila reitera que el gabinete de Nicolás Maduro no será el primer caso donde la CPI investigue a dirigentes políticos durante su mandato. Omar Al Bashir, antiguo presidente de Sudán, estuvo bajo investigación y tuvo una orden de arrsesto por el genocidio de más de 300 mil personas en el año 2005.
Cualquier país que ratificó su participación con la CPI está en el deber de arrestar a los sancionados por la CPI.
Aunque la sentencia al expresidente Al Bashir ocurrió en 2009, el exdirigente africano viajó por años a países firmantes del Estatuto de Roma sin represalias. No fue hasta el año 2019 que el sudanés fue revocado de su cargo por un golpe de estado y el gobierno de transición prometió entregar al dictador ante la justicia internacional en 2021.
«Debemos recordar que la CPI requiere de la cooperación de los Estados Parte para hacer efectivas sus decisiones. Si la persona investigada está en el ejercicio de un alto cargo podrían privar intereses políticos de los Estados y estos decidan no cumplir con el deber de cooperación, como ocurrió en el caso de Omar Al Bashir», dice la abogada. «También podrían existir, a nivel práctico, dificultades para llevar a cabo diligencias propias de la investigación dentro del país, en virtud de las trabas que puedan poner los presuntos responsables que estén en el ejercicio de altos cargos».
4- Incidencia ciudadana perpetua
Domíngez afirma que, mientras la apelación del gabinete madurista siga en pie, la CPI puede volver a solicitar pruebas y la cooperación de las víctimas y ONG para mantener la investigación del Fiscal Khan.
«Es indispensable la obtención, colección y preservación de evidencias que cumplan los estándares probatorios de la Corte y que permitan sustentar la causa. Adicionalmente, como la situación Venezuela I sigue girando en torno a la complementariedad, es sumamente importante que las víctimas y las organizaciones estén vigilantes y atentas de los posibles procedimientos penales que pueda iniciar en Venezuela para así ejercer control sobre los mismos», destaca.
Los tres abogados coinciden en que la CPI juzga a individuos, no a los Estados ni a todo un gabinete del poder ejecutivo.
5- Oficina de la CPI en Caracas es independiente del caso Venezuela I
El coordinador del OCLH corroboró que la futura oficina de la CPI que se instalará en Caracas no tendrá una relación directa con el caso Venezuela I. «Se trata de una Oficina de la Fiscalía, no de la Corte. Es una oficina que tiene como objetivo la prestación de asistencia técnica para coadyuvar en las investigaciones internas».
Si bien esta oficina puede reforzar los indicios de la CPI sobre la violación al debido proceso judicial en casos de crímenes de lesa humanidad, no aportará directamente a la investigación. «Forma parte de los esfuerzos que dicho órgano se encuentra implementando en línea con la complementariedad positiva», dice Piñango.
Aunque el gabinete madurista haya montado una apelación, siguen las recomendaciones y denuncias de la comunidad internacional para respetar los Derechos Humanos en Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas advirtió el 4 de julio que el gobierno de Nicolás Maduro incumple las medidas de protección a dirigentes políticos, comunidades indígenas y la salud de toda la población, así como la falta de un debido proceso judicial por más de 10 años.
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