La injusta condena de 16 años de prisión, impuesta por la jueza del Tribunal 2do de Juicio del Área Metropolitana con competencia en Terrorismo, Grendy Duque, contra los dirigentes sindicales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reinaldo Cortés, rechazó este martes la legítima Asamblea Nacional, exigiendo su inmediata libertad.
Además advirtió al régimen que, hagan lo que hagan, los venezolanos seguiremos luchando dentro y fuera del territorio hasta conseguir la libertad y la justicia, acudiendo con más fuerza el 22 de octubre a la primaria para escoger al candidato presidencial de todos los venezolanos que hará de 2024 el año de la libertad y la justicia.
Diputado Hernández: “Vienen tiempos difíciles”
El diputado José Hernández (Un Nuevo Tiempo), manifestó al iniciar el debate, que el problema que hoy nos ocupa debe ser resuelto lo más pronto posible, porque tiene que ver con el funcionamiento de la democracia en Venezuela. A su parecer, el “régimen hegemónico y autoritario”, se empeña en cercenar sistemáticamente los derechos de los venezolanos. Y en el caso específico de los seis sindicalistas, se violenta su libre ejercicio constitucional a la protesta pacífica.
“Estos trabajadores fueron arrestados, enjuiciados y sentenciados en una aberrante y bochornosa decisión de un tribunal que criminalizó una protesta legítima. No cabe duda de que esto forma parte de una política represiva sistemática para amedrentar al pueblo de Venezuela que pasa hambre y penurias”, señaló Hernández, al reconocer que vienen tiempos difíciles donde la represión y persecución de los trabajadores se incrementará. “16 años por protestar es una fotografía con un mensaje que pretende amilanar y apaciguar la calentura del pueblo de Venezuela”. No obstante, tras rechazar la decisión Hernández manifestó que “solo en unidad los trabajadores y el pueblo de Venezuela lograremos el cambio político, institucional que necesitamos”.
Diputada Salas: “Una sentencia contraria a derecho”
La diputada Ana Salas (Encuentro Ciudadano), al intervenir, acotó que el Ministerio Público no pudo demostrar acusación alguna presentada contra los hoy condenados, pues ni siquiera su testigo estrella, un “patriota cooperante”, se presentó al tribunal a declarar.
Para esta condena solo hizo falta un fiscal mentiroso que en el juicio, acusó a estos seis luchadores sociales de planificar un ataque el 5 de julio en Caracas contra quien ocupa Miraflores; y además asaltar el Conscripto de Alistamiento Militar de San Jacinto en Mérida con el objetivo de apoderarse del parque de armas de ese recinto: 120 fusiles”.
Salas cuestionó que el Fiscal negara que los hoy presos no sean líderes sindicales, aun cuando es un hecho público y notorio su trayectoria como luchadores sociales y defensores de los derechos humanos de los trabajadores. “Se les sentencia por delitos no probados ni demostrados de conspiración y asociación para delinquir, solamente por presunciones. Es una sentencia arbitraria, contraria a derecho. Su único delito fue mantenerse en las calles exigiendo mejores salarios mínimos y pidiendo respeto a sus derechos laborales”, agregó, al recordar que sobre este caso se pronunció la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los DDHH, quien tomó nota de la condena contra los sindicalistas y manifestó preocupación por la criminalización de los defensores de DDHH en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales. Por tal motivo, la parlamentaria pidió seguir en las calles trabajando en la consecución de nuestro máximo objetivo inmediato: la primaria del 22 de octubre.
Diputado García: “Protestar no es un delito”
En tanto, el diputado Juan Pablo García (Vente Venezuela), recordó que el régimen de Nicolás Maduro es procesado en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, y en este punto pidió a los venezolanos no olvidar los asesinatos de Fernando Albán, del capitán Acosta Arévalo, de Oscar Pérez y sus compañeros de lucha, entre otros; así como a los más de 280 presos políticos que son sometidos a tratos crueles e inhumanos, situación de “demuestra el talante criminal del régimen que lleva casi 24 años en el poder violando los DDHH de los venezolanos por disentir, por reclamar sus derechos”.
Calificó como “aberrada” la decisión de la jueza Grendy Duque contra los dirigentes sindicales condenados por “defender sus derechos y denunciar los atropellos del régimen contra sus compañeros de trabajo”. En Venezuela, dijo, “reclamar, disentir, defender los derechos es considerado un delito grave. Pero el robo al erario público por más de $700 mil millones, no constituye delito y quienes deben actuar frente a semejante robo a la nación, hacen caso omiso. A los jueces y fiscales cómplices de este desastre y caos, les manifestó que en Venezuela “los excesos, las injusticias, la contravención de leyes y normas y el menoscabo de los derechos fundamentales no pueden ser justificados bajo la obediencia debida”, advirtiéndoles que más temprano que tarde tendrán que responder por sus actos criminales, “porque la responsabilidad penal es personalísima”.
Diputado Veloz: “Una de las sentencias más aberrantes”
Para el diputado Rafael Veloz (Voluntad Popular), la decisión emitida por Glendy Duque marca un precedente nefasto, pues es una de las sentencias “más aberrantes, arbitrarias e injustas que el sistema de justicia venezolano ha dictado y que, sin duda, ha tocado la fibra de todos los venezolanos”, en vista de que el fallo del Tribunal 2º de Terrorismo condenó a los acusados por los presuntos delitos de conspiración y asociación para delinquir desde julio de 2022, basado en capturas de WhatsApp, y “cuyo denunciante prefabricó en un año y dos meses”, para finalmente nunca presentarse a rendir testimonio.
Veloz agradeció a las redes sociales por mantener este tema sobre la palestra pública y pidió a los venezolanos no normalizar esta irregularidad, pues los dirigentes sindicales solo fueron señalados por salir a protestar y “exigir a un régimen que ha saqueado el erario público, salarios dignos para los trabajadores, respeto a los derechos humanos y dejar sin efecto el instructivo Onapre”. Si bien dijo que los abogados de los sindicalistas están apelando la sentencia, están conscientes de que en Venezuela no hay Estado de Derecho y, en consecuencia, acudirán al sistema de justicia internacional como Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y la Organización Internacional del Trabajo. “Estamos frente a un recrudecimiento de la persecución y el amedrentamiento no solo de los disidentes de la oposición sino también de cualquier ciudadano”, destacó.
Diputada Castro: “Una gran injusticia”
La diputada de Primero Justicia, Yajaira Castro de Forero, calificó como “una gran injusticia la aberrante sentencia” dictada contra los seis dirigentes sindicales, siendo inocentes.
“Estos seis hombres no son conspiradores. La realidad es que todos venían denunciando las violaciones de los DDHH de los trabajadores. No es un delito exigir salarios dignos y justos en un país como el nuestro, donde un trabajador apenas gana $4 mensuales. No es un delito alzar la voz contra el instructivo de la Onapre, violatorio de los derechos de los trabajadores. No es un delito exigir mejor calidad de vida para los trabajadores”, apuntó, al reconocer que en Venezuela se criminaliza la lucha por las reivindicaciones laborales.
Castro denunció que algunos de los hoy condenados fueron detenidos y sus viviendas allanadas sin orden judicial alguna, sometidos a tratos crueles y peor aún, a un juicio viciado, tal como han hecho con todos los presos políticos.
Diputada Figuera: “No podemos claudicar”
La presidenta de la Asamblea Dinorah Figuera, intervino para recordar al diputado Juan Requesens, preso político desde hace cinco años. Requesens “nos ha dado un ejemplo de que debemos negarnos a rendirnos. No podemos claudicar, debemos seguir adelante”, precisó al señalar acerca de ese recordatorio, que hoy más que nunca, no solo se trata del diputado Requesens y de los parlamentarios que han sido perseguidos, criminalizados y estigmatizados, sino también de este grupo de sindicalistas defensores de los DDHH”, a quienes se les negó el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Tras solidarizarse con los condenados y sus familiares, Figuera aseguró que todas estas acciones y ataques cometidos por Nicolás Maduro solo tienen una lectura y es que hoy no es capaz de ganar elección alguna. Para él, cualquier lucha social representa un acto ilícito. Por eso, la convocatoria en este momento, acotó, es a respaldar a todos los sindicalistas y defensores de DDHH en su lucha, denunciando el atropello ante los organismos nacionales e internacionales y reconociendo a todos los movimientos sociales que, a pesar de la guerra sistemática que tiene el régimen en su contra, insisten en defender los derechos fundamentales de los venezolanos.
