Ecuador anunció el martes que militares estadounidenses podrán realizar operaciones en su territorio para enfrentar actividades ilegales como el narcotráfico y la trata de personas, por segunda vez en la historia reciente del país sudamericano.
Para que ello se haga efectivo los acuerdos suscritos entre ambos países deben ser sometidos a la Corte Constitucional, que tiene la potestad de aprobarlos o negarlos, debido a que Ecuador no tiene Asamblea porque el presidente Guillermo Lasso la disolvió en mayo.
El canciller ecuatoriano Gustavo Manrique aclaró en una rueda de prensa que esto no significa la instalación de tropas estadounidenses en el país sino que «entran en períodos de corta duración, hacen los operativos y se retiran” y destacó que esas operaciones tendrán la coordinación y vigilancia de las autoridades ecuatorianas “para no perder soberanía”.
Aseveró que también hay otro acuerdo que determina un marco jurídico para que las tropas y funcionarios del gobierno estadounidense puedan “circular y estar en territorio ecuatoriano”.
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Esta es la segunda vez en este siglo que se abre la cooperación militar entre ambos países: la primera fue la cesión de una base aérea en la ciudad de Manta desde donde los militares estadounidenses cumplieron misiones contra el tráfico de drogas entre 1999 y 2009 cuando el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) puso fin al convenio.
El presidente Lasso suscribió los acuerdos durante una gira de 10 días por Estados Unidos, que terminó la semana pasada, y en la que mantuvo reuniones en Nueva York y Washington con distintas autoridades y organismos internacionales a los que manifestó “la urgencia de enfrentar juntos al crimen organizado transnacional para frenar la violencia y los delitos”.
Ecuador atraviesa la peor crisis de inseguridad en décadas desatada por estructuras del crimen organizado dedicadas al narcotráfico, la extorsión y los secuestros, entre otros delitos, y que mantienen en zozobra a los ciudadanos y al sector productivo.
A ello se suman los recurrentes motines y disturbios en las cárceles por enfrentamientos entre bandas rivales, subsidiarias de cárteles de Colombia y México, que pugnan por el control de rutas para el narcotráfico y territorios de distribución de drogas, de acuerdo con las autoridades. En los últimos 30 meses 400 presos fueron asesinados por sus compañeros.
En mayo Lasso disolvió la Asamblea y acortó su propio mandato en medio de un juicio político que buscaba su destitución. Su sucesor será elegido en una segunda vuelta electoral entre la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa prevista para el próximo 15 de octubre.
