La situación de los presos políticos en Venezuela continúa siendo un motivo de preocupación a escala nacional e internacional. Durante años se han documentado numerosos casos que enfrentan condiciones inhumanas en las cárceles del país, incluyendo torturas, detenciones prolongadas sin juicio y falta de acceso adecuado a atención médica.
Las violaciones al debido proceso y la ausencia de un juicio justo son patentes en muchos de estos casos. Asimismo, la falta de independencia del poder judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo han contribuido a la perpetuación de las detenciones arbitrarias, reseña una nota de prensa.
La manipulación de los tribunales para perseguir a políticos opositores también debilita la confianza en el sistema legal y socava los principios democráticos, explica el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). En tanto, la detención arbitraria de líderes opositores y activistas ha aumentado en el transcurrir de los años, lo que indica un patrón preocupante de represión política que socava el derecho a la participación ciudadana.
En diciembre de 2023, el régimen ordenó la liberación de 28 presos políticos, 10 estadounidenses y 18 venezolanos, como parte de un «canje humanitario» por la liberación del empresario colombiano Alex Saab, vinculado a funcionarios del gobierno de Maduro. Entre los liberados estaban los estadounidenses Luke Alexander Denman y Airan Berry, que cumplían una condena de 20 años por una presunta incursión armada en Venezuela en 2020.
Se refleja en la misiva, que según una investigación de Efecto Cocuyo con cifras del Foro Penal, en el caso de las personas puestas en libertad por el caso espía americano, estas tienen medidas sustitutivas de libertad y deberán presentarse ante los tribunales cada 15 días.
A estos detenidos políticos se les había indicado en primera instancia que serían sacados de la cárcel por un indulto presidencial, pero la boleta de excarcelación decía todo lo contrario; por ende, no se trata de libertades plenas.
