En un nuevo movimiento de Estados Unidos en su política de exteriores, la Comisión de Asignaciones del Congreso, liderada por el congresista Mario Díaz-Balart, ha aprobado una ley de asignaciones para el año fiscal 2024 que establece condiciones democráticas para la ayuda financiera a Venezuela.
La legislación estipula que los 50 millones de dólares destinados a apoyar los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela solo se entregarán si las elecciones permiten una participación justa de la oposición y se consideran libres.
«Apoyo a la democracia para Venezuela, dirigiendo no menos de 50 millones de dólares para derechos humanos y sociedad civil. Prohíbe el uso de fondos para elecciones que no permitan participación de la oposición y elecciones libres», expresó el funcionario.
El congresista Díaz-Balart, en una conferencia de prensa acompañado por sus colegas Carlos Giménez y María Elvira Salazar, así como los alcaldes Yioset de la Cruz y Esteban Bovo, enfatizó que el apoyo estadounidense está condicionado a la transparencia electoral.
Patricia Andrade, presidenta de Venezuela Awareness, expresó su gratitud por la aprobación de la ley, señalando que las próximas elecciones del 28 de julio no deben ser una fachada de democracia con una oposición no auténtica.
Andrade también criticó la actual administración de Nicolás Maduro, calificándola de dictatorial y acusándola de violar los derechos humanos y aumentar la represión. Manifestó su satisfacción con la cláusula que impide el uso de fondos estadounidenses para apoyar elecciones no democráticas, diciendo que es un paso importante para evitar que el dinero de los contribuyentes estadounidenses fortalezca regímenes autoritarios.
“Lo que estamos viendo no es democracia, sino la radicalización de Maduro en el poder. Es más dictadura, más violación de los derechos humanos y más represión. Ya basta de que el dinero de Estados Unidos vaya a los fondos de la dictadura», manifestó.
