María Corina Machado, figura de la oposición, extendió su visión de un sector minero transformado en Venezuela después de las elecciones presidenciales.
Machado, en su visita a Guasipati, estado Bolívar, proyectó un escenario donde, bajo un nuevo liderazgo gubernamental, la minería se convierta en sinónimo de prosperidad, operando dentro de los márgenes de la ley y el respeto.
La líder opositora expresó su solidaridad con los mineros que han enfrentado adversidades y violencia, asegurando que es posible una industria minera que brinde oportunidades equitativas, manteniendo al mismo tiempo la integridad del medio ambiente venezolano.
«Los mineros que han sido humillados y perseguidos, avasallados y asesinados, pueblos enteros barridos. Vamos a demostrar que se puede vivir bien de la minería, con legalidad, con respeto, con oportunidad para todos (…) Conservando el medio ambiente sin hacerle daño a nuestra madre Venezuela», indicó María Corina, coordinadora de Vente Venezuela.
La minería en Venezuela: Peligro latente
El contexto actual es preocupante, con un incremento acelerado de la minería ilegal en las últimas dos décadas, una realidad confirmada por imágenes satelitales y estudios de la ONG SOS Orinoco. Este organismo, a través de su Observatorio Socioambiental del Sur de Venezuela, ha documentado las consecuencias negativas de estas prácticas ilícitas, incluyendo 18 accidentes mineros fatales en 2023, el año más mortífero en una década según sus registros.
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El estado Bolívar, en particular, ha sido el epicentro de estos trágicos eventos, con El Callao destacándose como el municipio más afectado. Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco, reveló en 2023 que han identificado aproximadamente 2.750 puntos de minería ilegal en Venezuela, situando al país como el segundo en la región amazónica con mayor número de minas irregulares, solo superado por Brasil.
Por otro lado, la ONG FundaRedes ha arrojado luz sobre la grave situación de desapariciones forzadas en las minas de Bolívar, con al menos 26 casos reportados desde 2019 hasta 2022. Su informe destaca la presencia de grupos armados irregulares y la complicidad ocasional de funcionarios militares y policiales en estos actos violentos.
