La administración Trump ha informado a un tribunal federal que carece de autoridad para obtener la liberación de más de 100 ciudadanos venezolanos detenidos en una prisión en El Salvador tras ser deportados desde Estados Unidos.
En un documento judicial presentado la noche del miércoles, el Departamento de Justicia argumentó que el Gobierno salvadoreño no está dispuesto a liberar a los detenidos simplemente por una solicitud de Washington, limitando así las acciones diplomáticas posibles.
Un caso sin precedentes en la historia legal estadounidense
El caso ha captado atención nacional e internacional debido a su carácter inédito. Se trata de la primera vez que un juez federal estadounidense —James Boasberg, en Washington— evalúa si tiene potestad para ordenar al Poder Ejecutivo la repatriación de extranjeros deportados, bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La normativa, utilizada por el expresidente Trump para justificar las expulsiones, ha sido invocada solo tres veces en la historia de EE.UU., y su aplicación actual está siendo cuestionada por múltiples tribunales federales.
Trump: “Podría hacerlo con una llamada”
En una entrevista reciente con ABC News, el expresidente Donald Trump afirmó que “podría” lograr la devolución de uno de los deportados, Kilmar Abrego García, con tan solo una llamada al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Y si fuera el caballero que ustedes dicen que es, lo haría”, comentó Trump, refiriéndose a Bukele.
Sin embargo, los abogados del Gobierno contradicen esta afirmación, señalando que las relaciones diplomáticas y los acuerdos entre ambos países no permiten una injerencia directa de ese tipo en el sistema judicial salvadoreño.
Acusaciones de terrorismo y respuesta judicial
Los venezolanos deportados fueron enviados a El Salvador en marzo tras una proclamación presidencial de Trump, en la que se calificaba a los presuntos miembros de la organización Tren de Aragua como actores de una “guerra irregular” que beneficia al régimen de Nicolás Maduro.
Trump argumentó que se trata de una “incursión depredadora” contra EE.UU., con el narcotráfico como arma. Sin embargo, muchos de los detenidos han declarado no tener vínculos con pandillas y acusan al Gobierno de haberlos deportado de forma ilegal y arbitraria.
Tensiones judiciales y diplomáticas
Los abogados de los migrantes buscan que el Gobierno revele detalles de posibles acuerdos con El Salvador, pero la administración ha solicitado al juez Boasberg que rechace estas peticiones, calificándolas de una “expedición de pesca” en documentos confidenciales del poder ejecutivo.
El Gobierno sostiene que cualquier intento de inmiscuirse en las relaciones diplomáticas o negociar directamente con otro Estado en nombre de ciudadanos deportados es jurídicamente inviable.
Panorama legal dividido
La legalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros sigue siendo objeto de debate judicial. Mientras tribunales en Nueva York, Texas y Colorado han bloqueado su aplicación en casos similares, un juez en Pensilvania falló esta semana a favor del Gobierno, señalando que las medidas están “en su mayor parte en consonancia con el marco legal”.
Este caso podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en materia migratoria, y marcar un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre las ramas ejecutiva y judicial de Estados Unidos.
