La situación que ha provocado el gobierno al adelantar los procesos electorales, a sabiendas que la inmensa mayoría del pueblo se encuentra descontento y no está votando porque todavía el Consejo Nacional Electoral mantiene clausurada la información de los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del año pasado, es muy grave para la gobernabilidad del país porque profundiza mucho más la crisis política, económica y social del país, además de aislarlo de la comunidad internacional.
Así, brevemente, lo dice el profesor Pedro Pablo Alcántara, exparlamentario e historiador, quien observa que de llevarse a cabo el recién anunciado proceso del 27 de julio, para designar a los nuevos alcaldes e integrantes de los concejos de los 335 municipios habrá 670 alcaldes y 4.918 concejales, de los cuales la mitad de esos números no se instalarán hasta que cesen en sus funciones los que hoy están activos.
Es lo mismo que está pasando con los nuevos gobernadores, diputados de la Asamblea Nacional y consejos legislativos, porque fueron designados antes de la fecha y es que en este momento hay dos Asambleas Nacionales, dos gobernadores y dos consejos legislativos en cada entidad federal.
Al respecto conviene decir que el Consejo Nacional Electoral como poder estructurado para garantizar la función electoral bajo el principio de una persona un voto que, efectivamente, garantice el ejercicio real de la soberanía real del pueblo venezolano, hoy no cumple esa finalidad.
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La actual directiva del CNE le debe a los venezolanos los resultados de los dos más recientes procesos y ello determina que no es el organismo el que está en crisis sino que la soberanía de los venezolanos ha sido totalmente vulnerada.
En tal sentido corresponde resolver tamaña irregularidad, ya que mientras ello no ocurra somos un país a la deriva, afirma Alcántara, quien añade que la situación es hoy de ficción porque aunque haya nuevos gobernadores juramentados no pueden suplantar a sus colegas que teóricamente se hallan en este momento en ejercicio.
Del mismo modo hay en este instante dos Asambleas Nacionales, pero la última adjudicada sustituirá a la actual el próximo 5 de julio del año 2026, por cuanto la Ley Electoral no prevé semejante situación.
Esa escogencia de nuevos diputados automáticamente está derogando principios dogmáticos esenciales de la armazón constitucional, cuyo origen es único e inequívoco: la soberanía popular, de la cual emanan todas las decisiones que caracterizan a un Estado y es muy grave que el estado de legalidad sea la víctima mas dolorosa de este proceso.
Como el gobierno sabe que ya perdió el poco apoyo que tenía hace estos procesos electorales adelantados, pero hay que recordar que la prisa es mala consejera al momento de tomar decisiones y que no se puede creer arbitrariamente que la Constitución es letra muerta porque es el alma viva de una nación y, en consecuencia, jugar a desconocer sus principios es asomarse al principio en un clima tempestuoso.
Solamente en la Venezuela de los gobiernos autocráticos a José Tadeo Monagas se le ocurrió decir: “La Constitución sirve para todo«. Pero, estamos en un siglo donde impera constitucionalmente por encima de los gobernantes la soberanía popular, la cual escoge a sus mandatarios y cuando éstos abusan de su confianza y son malas sus gestiones, civilizadamente mediante el voto universal, secreto e individual, los rechaza y exige el cambio como ha venido ocurriendo desde que se institucionalizó el sufragio.
Por último, conviene recordar a Bolívar, el Libertador, quien nos advirtió que las naciones marchan hacia su grandeza en la misma proporción que acatan sus leyes, palabras que deben atender quienes han ocasionado la madre de la crisis que afecta a la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela, concluyó sus declaraciones el profesor Alcántara.
