El levantamiento (o la eliminación) de las licencias petroleras en Venezuela no producirá el resultado esperado por quienes las impusieron, advierte a través de las redes sociales de X, el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.
Ya en 2019 no se logró el objetivo, y hoy las posibilidades de éxito son aún menores. La historia ha demostrado consistentemente que las sanciones económicas rara vez doblegan a los gobiernos. Su impacto inicial recae desproporcionadamente sobre la población, no sobre los gobiernos. Con el tiempo, los países afectados desarrollan mecanismos de adaptación, lo que progresivamente reduce la efectividad de las medidas hasta volverlas irrelevantes. Venezuela ya ha recorrido esta curva de aprendizaje y ha demostrado su capacidad de resiliencia.
A diferencia de 2019, el gobierno venezolano ha consolidado rutas alternativas para la exportación de petróleo y la importación de insumos y diluentes cruciales. Ha establecido mecanismos activos de distribución y comercialización en mercados no convencionales, particularmente con China a través de triangulación vía Malasia. Además, ha desarrollado esquemas para monetizar su petróleo fuera del sistema financiero norteamericano. Esta robusta arquitectura paralela ha logrado sostener más del 70% de la producción nacional incluso bajo un estricto régimen de sanciones.
La posible salida de empresas como Chevron no detendrá la producción. Simplemente implicaría que el control operativo de los campos pasaría de los licenciatarios privados a PDVSA. Si esta situación persiste, es muy probable que se incorporen nuevos actores no occidentales dispuestos a asumir esas operaciones en el futuro cercano. Adicionalmente, una parte sustancial de la producción petrolera venezolana ya se lleva a cabo mediante convenios de empresas mixtas y CPO (Contratos de Producción de Petróleo). Estos socios, en su mayoría no sujetos a las licencias estadounidenses, continúan operando en coordinación con PDVSA, un esquema que el gobierno ha promovido activamente para sostener y expandir la producción.
Impacto Financiero Mitigado
En el frente financiero, los descuentos en mercados alternativos, que llegaron a superar el 40% en el peor momento, hoy no excedan el 15%, lo que refleja un creciente interés global por el crudo pesado venezolano.
Al transferir la operación de Chevron a PDVSA, el Estado venezolano también se exime del pago del 20% de la producción que estaba comprometida al repago de deuda con los privados. Aún si se incurre en sobrecostos de adaptación iniciales, y en algunos problemas de ineficiencia y desinversión, el flujo neto de recursos para el fisco podría no verse afectado de forma significativa.
Todo esto ocurre en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, donde los precios del petróleo ya han experimentado un aumento superior al 10%, y los riesgos logísticos en la región se agravan. En este entorno global, el petróleo venezolano gana un valor geopolítico considerable: está disponible en el Caribe, libre de bloqueos navieros, y con capacidad de colocación inmediata en el mercado. La política de «máxima presión» rara vez demuestra su eficacia en condiciones normales. En el escenario global, energético y estratégico actual, su probabilidad de éxito es aún menor, lo que debería llevar a USA a reconsiderar pragmáticamente su estrategia energética frente a Venezuela.
