La crisis económica en Venezuela no ha terminado. Por más que se insista en cifras oficiales que hablan de crecimiento sostenido del PIB durante 17 trimestres, la verdad tangible sigue siendo otra. El país que se promete desde el poder no es el que experimentan millones de venezolanos en su cotidianidad. Una recuperación económica sólo es tal si se traduce en una mejora real y concreta en la vida de las personas. Y eso, a día de hoy, no ocurre. Lamentablemente, mientras se celebra un crecimiento económico del 7,7% en el primer semestre de 2025, la mayoría del país sigue atrapada en una precariedad estructural que se hace cada vez más profunda.
El salario mínimo permanece en 130 bolívares mensuales, el equivalente a apenas a 1 dólar. Esa cantidad solo permite comprar un kilo de harina de maíz. Pero con la inflación, es probable que en unos días ya no alcanzará ni para eso. A la vez, todas las protecciones laborales, sociales y sindicales están debilitadas o anuladas. El crecimiento no ha venido acompañado de derechos, justicia ni equidad.
Aunque sectores como el petrolero o la minería muestran signos de recuperación, esta mejoría no se ha extendido a los sectores sociales básicos. No hay mejoras en salud, educación, alimentación o servicios públicos. Según la ENCOVI 2024, la pobreza por ingresos afecta al 73,2% de los hogares venezolanos. La pobreza multidimensional, que incluye el acceso a servicios, empleo y educación, alcanza al 56,5%. El coeficiente de Gini —indicador de desigualdad— escaló de 40,7 a 53,9 en una década, lo que ubica a Venezuela por encima del promedio regional y la posiciona como uno de los países más desiguales de América Latina. Esta brecha es económica y social.
A ello se suma una inflación devastadora que erosiona sin tregua el poder adquisitivo. El Observatorio Venezolano de Finanzas reportó una inflación acumulada de 105,5% entre enero y mayo de este año. La Canasta Alimentaria Familiar ya supera los $500, equivalente a 349 salarios mínimos. Para acceder a una vivienda, una familia necesitaría en muchos casos 1000 años o más de salario mínimo. Es una cifra que revela lo absurdo y cruel del actual modelo económico.
Los servicios públicos siguen en colapso. La mitad de los hogares recibe agua de forma intermitente y casi un tercio padece apagones diarios. Uno de cada tres niños está fuera del sistema educativo. Esta realidad empuja a miles a seguir migrando: ya son casi 8 millones los venezolanos que han abandonado el país. La crisis humanitaria no solo persiste, sino que se agrava cada día que pasa sin políticas serias y estructurales.
Hablar de crecimiento en estas condiciones es hablar desde dentro de una burbuja. El país real sigue hundido. No se trata solo de que no haya una bonanza generalizada: es que ni siquiera hay una recuperación justa, sostenida y repartida. El modelo actual favorece a unos pocos mientras deja a la mayoría atrás. Venezuela es una economía de dos velocidades, y la mayoría está atrapada en la vía lenta del estancamiento, la pobreza y la desesperanza.
La consultora Phase Consultores estima que, para recuperar el nivel de producción de 2013, Venezuela necesitaría 42 años creciendo al 3% anual. Incluso con un crecimiento acelerado del 8%, la recuperación tomaría casi dos décadas. Pero más allá de las proyecciones, lo urgente es volver a poner a las personas en el centro de la política económica. No se puede hablar de desarrollo mientras más de la mitad del país vive con hambre y sin futuro. Un incremento del PIB no significa nada si el país sigue en ruinas. Si el pueblo sigue sobreviviendo sin dignidad, el crecimiento no es más que un espejismo.
Stalin González
