El fiscal Karim Khan actuó como un agente encubierto del Estado venezolano en la Corte Penal Internacional (CPI), al mismo tiempo que aparentaba gestionar justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Este es el criterio del doctor Rafael Narváez, destacado abogado penal, exparlamentario y quien a lo largo de más de cuarenta años ha sido defensor de los Derechos Humanos.
He sostenido, al ser entrevistado por El Impulso, que la conducta del Fiscal Khan con el caso Venezuela es absolutamente criminal porque atenta contra el sistema universal de los Derechos Humanos y erosiona la credibilidad y confianza en la CPI como tribunal penal de 195 países.
Es por eso que he saludado y aplaudido la decisión tomada unánimemente por la Sala de Apelaciones de la Corte, a través de la cual determinan que existen “motivos razonables para creer “ que el Fiscal incurrió en un conflicto de intereses en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por funcionarios del Estado.
Conviene resaltar que los crímenes de lesa humanidad son detenciones arbitrarias, persecuciones sistemáticas, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
La Sala de Apelaciones en su decisión al referirse al conflicto de intereses del Fiscal Khan es porque la cuñada de éste, la abogada Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo de defensa del Estado venezolano.
Investigaciones
¿Apartar al Fiscal Khan del proceso investigativo afecta el desenvolvimiento del caso Venezuela en la Corte?, le preguntamos al doctor Nárvaez, quien de inmediato responde:
No afecta en nada, porque las investigaciones las ha venido haciendo el Vicefiscal Mame Mandiaye Niang a partir de la denuncia de presunto acoso sexual cometido por el Fiscal Khan, a quien se le pidió en mayo de este año separarse del cargo para responder a tan grave acusación.
Desde entonces,prosiguió el doctor Narváez, el Vicefiscal ha venido trabajando en las investigaciones con otros fiscales, pero eso no había trascendido a la opinión pública.
Cuando se le comenta que las investigaciones ya llevan siete años y todavía se continúa trabajando sin que se haya visto resultado alguno, nuestro entrevistado manifiesta que él fue el primer abogado defensor de los Derechos Humanos que pidió, en el año 2017,abrir una investigación acerca de los crímenes de lesa humanidad que venían cometiendo, desde el 2014, funcionarios del Estado venezolano.
Pero, nadie me apoyó; nadie me siguió a pesar de que yo decía que la única vía para administrar justicia era la Corte Penal Internacional porque en Venezuela no había respuesta.
A raíz de eso se inició lo que se conoce, añadió. En febrero de 2018 la entonces Fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, abrió el examen preliminar desde abril de 2017 y en diciembre de 2018 fueron designados los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares.
La Fiscal, en un programa de radio, llegó a decir que existían razones para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad; pero, ella nunca presentó el informe públicamente, sino que lo presentó después cuando iba a salir del cargo.
Encubierto
Una vez que presenta el informe entra Karim Khan y lo toma, pero lo grave es que este Fiscal se convierte en un agente encubierto del Estado venezolano porque tenía a su cuñada, la abogada Venkateswari Alagendra, trabajando para el gobierno de Venezuela.
Ese hecho es sumamente grave,es un crimen, porque defrauda la confianza de la investigación de la Corte y en vez de proceder de forma imparcial se burla de la confianza que en la Fiscalía habían depositado los familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.
Se descubre que la cuñada del Fiscal forma parte del equipo defensor del gobierno cuando una fundación de alto prestigio internacional, Arcadia, denuncia ante la Corte que Karim Khan estaba generando conflictos de intereses en favor del Estado venezolano.
La mencionada fundación presentó pruebas contundentes que llevaron a los jueces de la Sala de Apelaciones a pedirle al Fiscal apartarse del caso Venezuela.
Pedido
Con la autoridad moral que tengo como defensor de los Derechos Humanos, por los cuales yo no he pedido ni siquiera un céntimo a quienes he asistido, pido que sea destituido el Fiscal porque es una deshonra para la Corte, una deshonra para lo que ha venido haciendo la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, a partir de septiembre de 2019 designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Recordemos que, en su condición de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, estuvo del 19 al 21 de junio de 2019 en Caracas y se reunió, en una oportunidad con nosotros, así como con familiares y víctimas del año 2017.
En el 2017 se desarrolla el Plan Zamora, creado por decreto presidencial y ejecutado por el Ministerio de la Defensa a través de todos sus componentes,así como también por los cuerpos de seguridad, Sebin, Cicpc, Policía Bolivariana, Conas y colectivos. Al final de cada jornada de represión sin límites había celebraciones y en actos públicos eran condecorados los funcionarios como cumplidores de grandes hazañas.
Incumplimientos
Al final de la entrevista el doctor Narváez se refirió a los incumplimientos de Venezuela con sus compromisos contraídos con la Corte.
Volviendo a la actuación del Fiscal Khan, el doctor Narváez recuerda que el mencionado funcionario de la Corte hizo cuatro visitas oficiales a Caracas e incluso llegó a plantear el funcionamiento de una oficina de la CPI en la capital de la república, pero nunca se la dieron.
Esas visitas y el planteamiento hacían suponer que tenía interés por hacer justicia; pero, lo que hizo fue burlarse del dolor, la angustia y el sentimiento de los familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, dijo el doctor Narváez.
Ante el proceso investigativo y las denuncias hechas por las víctimas y sus familiares, el Estado venezolano introdujo recursos hasta llegar a hacer señalamientos a la Sala de Cuestiones Preliminares, que es un tribunal interno dentro de la Corte y autoriza las investigaciones.
Al perder los recursos se autorizó al Fiscal a continuar las investigaciones y hubo una ocasión en que el Estado venezolano presentó un argumento de treinta mil páginas, llegando a decir que había establecido responsabilidades de quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad.
La Sala de Apelaciones en sesión extraordinaria subestimó el informe porque lo que había hecho el Estado venezolano fue detener a funcionarios de bajo rango a sabiendas que la Corte investiga a quienes detentan los más altos cargos de responsabilidad, valga decir desde los jefes de gobierno a ministros y funcionarios de alto nivel, como lo establece el Estatuto de Roma.
No se puede olvidar que el Estado venezolano incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación paralela a la de la Corte, como se había establecido en el memorando de entendimiento.
De igual modo, Venezuela no cumplió con la Corte el principio de complementariedad y el acceso a los expedientes, para que hubiera colaboración entre las dos partes.
Y también incumplió el compromiso que había asumido después de suscribir el Estatuto de Roma en el año 2000 como era el de darle autonomía al Poder Judicial para que el sistema de justicia tuviera las condiciones de imparcialidad y transparencia.
